Uno de los problemas detectados, con la crisis de la industria del pan, es la aparición de locales clandestinos en todo el país, ya que, al no poder afrontar los crecientes costos, muchos comerciantes decidieron cerrar sus puertas y trabajar en la ilegalidad. Esta situación genera un alto nivel de informalidad laboral (algo que el Gobierno había prometido combatir) e implica un enorme riesgo para la salud de los consumidores.
El del pan es un rubro que históricamente mantuvo los empleos y no se ha caracterizado por la caída de la mano de obra masivamente. Sin embargo, hoy las panaderías están despidiendo personal y redujeron horas extras. Se calcula que en la actualidad hay un 20% menos de trabajadores que hace un año atrás, más otro porcentaje que pasó a estar en negro. Muchos comercios bajaron sus persianas, dejaron de vender al público y se convirtieron en locales clandestinos.
Jorge Alonso, secretario de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) y dueño de una panificadora en Córdoba, expresó: “Lo que está pasando es que un panadero que estaba como responsable inscripto o pagaba un monotributo, con gente a cargo, pasa al personal en negro, se traslada a la marginalidad y sobrevive de esa manera”.
“Los que hoy estamos en regla y tenemos a toda la gente en blanco, tapamos un hueco y vemos abrirse otro, tapamos ese nuevo y se abren dos más. No aflojamos porque no está en nuestro ADN, y por eso el país se sigue sosteniendo, pero si fuera por los grandes inversores, con la lluvia de inversiones que estaba prometida, estaríamos en el horno”, aseguró el panadero cordobés a Diario Hoy.
