La información está contenida en el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), presentado este martes en Londres.
En el país latinoamericano, el IISS registró la muerte de 23.000 personas en 2016. La cifra incluye tanto a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico como a las de la violencia en general.
Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano estiman el número en 20.824 homicidios dolosos en 2016.
Un nivel de violencia que todos los estudios en México vinculan también a la militarización de la lucha contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón desde el comienzo de su mandato en el 2006.
En Siria, el informe anual sobre conflictos armados del organismo calcula en 50.000 los muertos por la guerra civil, pero a diferencia de este país, la situación en México ha recibido "escasa atención" mediática, destaca el estudio londinense.
El número total de muertos en conflictos se redujo ligeramente el año pasado en el mundo, con unas 157.000 víctimas mortales, frente a las 167.000 de 2015.
"El número de muertes en México supera el de Afganistán y Somalia", destacó el director general del IISS, John Chipman, quien sostuvo que "esto es sorprendente considerando que las muertes se pueden atribuir en casi todos los casos a armas pequeñas".
El mexicano "es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate", subrayó Chipman.
Por detrás de Siria y México se ubican Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán, Turquía, Sudán del Sur y Nigeria, refirió la agencia de noticias DPA.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, aparentemente por policías corruptos, detonó un trágico episodio que el gobierno mexicano vinculó, casi exclusivamente, a una banda de narcotraficantes, Guerreros Unidos, hipótesis no demostrada y que familiares y la Comisión Interamericana de Derehos Humanos (CIDH), consideran controvertida y sin resultados.
Por eso, padres de los jóvenes mantienen bloqueados desde ayer los tres accesos del edificio de la Procuraduría General de la República (PGR), en demanda de una mesa de diálogo con el procurador, Raúl Cervantes Andrade, y funcionarios de la Secretaría (Ministerio) de Gobernación, en reclamo de "avances concretos" en la investigación del caso y del paradero de los desaparecidos.
En conferencia matutina, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, señalaron que la decisión del bloqueo se tomó debido a la ''insensibilidad'' de la PGR, pues desde hace más de un año no se ha avanzado en la líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, vinculado a la CIDH, según el diario local La Jornada.
Estas líneas son: investigar al Ejército Mexicano; aprehender a los policías federales y municipales de Huitzuco que participaron en la desaparición de los estudiantes; avanzar en el análisis de la telefonía celular de los aparatos propiedad de los detenidos y de los jóvenes desaparecidos, los cuales siguieron operando mucho después de los hechos, e investigar el trasiego de droga entre Iguala y Chicago (EEUU), que al aparecer es uno de los móviles de la agresión a los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por otra parte, más de 200 comunidades de la zona de la sierra del estado de Guerrero, iniciaron la organización de un movimiento de autodefensas, para hacer frente a la delincuencia organizada que azota a la zona.
Unas 3.000 personas de cientos de localidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Apaxtla de Castrejón, Teloloapan, Eduardo Neri y Leonardo Bravo se dieron cita en Tlacotepec, "el Corazón de la Sierra", para anunciar el levantamiento armado, como lo definió el diario Uno más Uno.
Los habitantes de las comunidades marcharon por las principales calles de esta cabecera municipal portando armas de bajo calibre, celebrando la conformación de la Policía Comunitaria, que a partir de este día, asumirá el control de la seguridad en la principal zona de siembra de drogas de la región.
Los ciudadanos dijeron que no estaban dispuestos a seguir sometidos por las bandas de la delincuencia organizada, toleradas por las autoridades municipales, estatales y federales.
Al movimiento se unieron comerciantes, transportistas y estudiantes que, aseguraron, buscarán restablecer a la paz en la zona.
