El 30 de julio se realizaron las elecciones para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Maduro (364 miembros territoriales, 173 sectoriales y 8 indígenas). Asistieron a votar 8.089.320 de personas, el 41,53% del padrón electoral. La iniciativa busca “institucionalizar el sistema misiones sociales y sentar las bases jurídicas para un nuevo modelo económico post-petrolero”.
Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;
Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias;
Declaran:
1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.
4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
11. Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
Declaración de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político ALBA-TCP reafirma apoyo a Venezuela
Caracas, 08 de agosto de 2017
Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP) en ocasión de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrado en Caracas-República Bolivariana de Venezuela, el 08 de Agosto de 2017.
Reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que solo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas.
Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral, impuestas contra el pueblo venezolano, constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela, para conseguir con ello un cambio de régimen.
Teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz y soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela, la campaña de desprestigio mediática internacional y las acciones unilaterales, violatorias del Derecho Internacional que afectan hoy la economía venezolana.
Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región; dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales.
Recordando la Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el pasado 5 de marzo, en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que “la defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.”
Rechazamos las sanciones, arbitrarias e ilegales, impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, contra ciudadanos venezolanos, incluido el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado.
Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo y sólo tienen como objetivo generar más inestabilidad, al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos, serán responsables de sus consecuencias
Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia, que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano.
Reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vistas a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela.
Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano.
Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38° Reunión Ordinaria de Jefes de Gobierno de CARICOM, del 06 de julio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, a fin de reactivar y dar un reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país.
Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017, que revierte avances alcanzados en los dos últimos años y constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba.
Igualmente, reiteramos la preocupación expresada por los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en su XV Cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños, y la necesidad que se respeten sus derechos.
Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una clara expresión de discriminación y rechazo, a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños muchas veces sin respeto a los derechos humanos.
Saludamos los avances que se han alcanzado para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes del Banco del ALBA.
Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estados y de Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC.
Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de Nuestra América.
Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un Plan impulsado por el Imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este Plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano.
