La agresión, de un claro sesgo político e intimidatorio, confirma el deterioro de las condiciones de seguridad para todos los ciudadanos argentinos y particularmente para aquellos que levantan la voz cuestionando las violaciones del estado de derecho y las políticas expulsivas en el orden económico y social.
CEPA seguirá trabajando de la misma manera que lo viene haciendo, produciendo información y análisis económicos que tienen el objetivo de aclarar el contenido, dirección y consecuencias de las políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno.
Exigimos a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, al Intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y al poder judicial que actúen con celeridad para investigar y esclarecer estos hechos.
