Caballero Vidal dejó el cargo en la Corte de Justicia provincial y perdió los fueros el 1 de diciembre, imputado por crímenes del terrorismo de estado, entre los cuales figuran negarse a investigar dos casos de secuestros cuando era juez de primera instancia.
Durante la indagatoria a la que acudió acompañado por sus abogados Rolando Lozano y Fernando Castro, ante el juez Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, el ex magistrado insistió en negar todas las acusaciones en su contra.
Una de las imputaciones surgió en un anterior juicio por crímenes de lesa humanidad, cuando el abogado Pedro Bayugar lo acusó de negarse a investigar el secuestro y torturas de los que fue víctima Héctor Cevinelli, militante del Peronismo de Base, y de “amenazarlo con un arma”.
Caballero Vidal buscó librarse de esta acusación con el argumento de que no era de su competencia el caso de Cevinelli y negó la amenaza con arma que denunció el abogado.
El otro caso por el que está imputado es por negarse a impulsar la pesquisa al tomar conocimiento de que Ángel José Alberto Carvajal, militante del Partido Comunista, había sido torturado hasta la muerte, pese a que ordenó su autopsia por pedido del RIM 22, regimiento de infantería de montaña del Ejército en San Juan.
Acorralado por la investigación del fiscal Maldonado y el pedido del juez Rago Gallo a la Cámara de Diputados provincial para que resolviera la destitución y pérdida de fueron para poder indagarlo, Caballero Vidal renunció finalmente como juez de la Corte.
En un primer momento, condicionó su renuncia a que la Anses comenzara a liquidarle el haber jubilatorio, pero luego, en medio de un escándalo, presentó su dimisión sin condiciones a partir del 1 de diciembre.
Antes de ingresar a Tribunales, Caballero dijo hoy a la prensa estar "sorprendido" por las causas en las que se lo investiga, porque, dijo, "las cosas que se hablan son del año 77 y 78 y recién salen ahora".
Además, dijo estar "tranquilo" por haber ya depositado la fianza de 500.000 pesos que le fijó el juez para otorgarle la excarcelación.
Ahora, Rago Gallo dispone de 10 días hábiles para decidir la situación procesal del ex juez de la Corte provincial.
