“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, mencionó el mandatario mexicano durante la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó sobre la Ley que ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al acusar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos, además de delegar en el Ejército la tarea de seguridad pública, relegando a las fuerzas civiles.
Peña Nieto mencionó que, aunque no emitirá alguna declaratoria de protección prevista en la ley, “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
El espíritu de la Ley, defendió Peña Nieto, da certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la Seguridad Interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, dijo el presidente.
No obstante, continuó Peña Nieto, durante la discusión en el Congreso “distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado, que a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional”, de ahí que haya decidido esperar a que la SCJN se pronuncie, antes de usar las atribuciones previstas en la Ley de Seguridad Interior.
En un comunicado, el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones de la Sociedad Civil y más de 100 personas, acusó que con la promulgación de la ley el presidente Peña Nieto cerró “un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil”, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó.
“Si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”, señaló el colectivo #SeguridadSinGuerra.
“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”, agregaron.
Este jueves, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, entregó a Peña Nieto una carta, en la que le pidió escuchar a la sociedad civil y vetar la Ley de Seguridad Interior, aunque minutos después el mandatario anunció que la promulgaría.
“Se está optando por un modelo ajeno a la seguridad ciudadana al tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior en lugar de fortalecer a las instituciones policiales”, señaló el documento del Observatorio.
