En el recurso además de plantear la arbitrariedad del fallo que convalidó la versión policial del hecho para absolver a Veyga, se indica que se estaría sentando un precedente muy peligroso al establecer que para los miembros de las fuerzas de seguridad fuera de funciones, no les sería aplicable la normativa nacional e internacional sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Según informes presentados por el CELS, la mayoría de los casos de violencia institucional que culminan en muertes ocurren cuando los funcionarios policiales están fuera de servicio.
“Esperamos que la Corte pida a la Cámara de Casación que trate este recurso que hemos presentado, y que la misma dicte una condena conforme a derecho”, indicó el abogado de la familia e integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional, Matías Busso.
En cuanto al fallo, además de imponer una jurisprudencia muy peligrosa, “puede traer sanciones internacionales al Estado argentino, ya que dicha normativa se encuentra presente en los principios de uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley, aprobados por la ONU en la Habana en 1990”, explicaron en un comunicado de prensa.
