Los cuatro gobernadores tienen puntos en común: son peronistas, no conducen ningún distrito de “los grandes”, los números de sus economías están ordenados y ostentan un espíritu rebelde en su relación con el Gobierno de Mauricio Macri.
San Luis, La Pampa, Formosa y San Juan son cuatro de las 14 provincias gobernadas por dirigentes justicialistas que, a diferencia de las otras 10 que llevan el sello del PJ, no tienen una alta dependencia de los fondos de la Nación, por ejemplo, para pagar los sueldos de sus empleados públicos.
El orden en la lista de las provincias no es casual. De mayor a menor, mantienen un grado de enfrentamiento con la Casa Rosada, mas por cuestiones de estrategia política y a veces hasta caprichosas, que por una real necesidad de recursos.
La fórmula de la insubordinación al poder central, para captar la atención dentro del PJ pero también de la prensa, no es nueva. Un alumno ejemplar fue Néstor Kirchner quien, como mandatario de Santa Cruz, supo apoyarse en las jugosas regalías petroleras para convertirse en una voz disonante entre los gobernadores peronistas durante las largas reuniones en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) cuando el presidente era Fernando de la Rúa que, salvando las distancias, también como ahora pretendía disciplinar a los jefes provinciales peronistas.
Lo cierto es que hoy, pese a las cualidades “diplomáticas” del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, San Luis, manejada por su gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano, Adolfo, es la provincia que mantiene un duro enfrentamiento con Macri.
En noviembre de 2017, San Luis fue la única que no firmó el Pacto Fiscal con el Gobierno, un compromiso de reducir gastos e impuestos, apoyar la reforma previsional y retirar las demandas contra la Nación a cambio de compensaciones económicas.
Uno de los argumentos puntanos fue que la provincia tiene dos juicios con sentencia firme contra el Estado nacional por unos $32 mil millones, pero en verdad, hace dos años que los Rodríguez Saá no tienen vínculo con el presidente Macri y hasta se volvieron kirchneristas tardíos, lo que casi les provoca una derrota electoral en las elecciones legislativas de octubre pasado.
La tierra de los Rodríguez Saá puede adoptar esta actitud en función de su situación económica. En San Luis, sólo la mitad del presupuesto se va en gastos corrientes, no el 90 por ciento como otros provincias. Es una de las provincias que más invierte en obra pública y no tiene deudas, posee los mejores indicadores fiscales, tiene una presión tributaria moderada y es una de los distritos más industrializados. Con un crecimiento económico que en algunos casos duplica a otras provincias. San Luis posee unas 60 mil casas sociales y tiene el 50% de las autopistas de todo el país.
Para el Gobierno la relación con San Luis “está congelada” y se trata de una provincia "que no acompaña en nada, ninguno de los proyectos que presentamos".
La situación de La Pampa es diferente, porque los desplantes del mandatario Carlos Verna llevaron a que a comienzos de 2016 estuviera a punto de hacer fracasar el acuerdo del Gobierno con todas las provincias para la devolución del 15% de coparticipación que la Nación les retenía, a través de la Anses, a todos los distritos desde el pacto fiscal de agosto de 1992.
En La Pampa las cuentas están ordenadas, al día, pero no sobre nada. Los acuerdos paritarios y los pagos retroactivos de aumentos, así como la baja recaudación provocan un cuello de botella para las administración de Verna. No obstante, no se resignó el nivel de obra pública ni se restringieron servicios. El punto fuerte es la recaudación provincial, que sigue creciendo. De cada 100 pesos que tiene la provincia de libre disponibilidad, luego de pagar los sueldos, los fondos propios, recaudados por el Estado provincial, representan el 35 por ciento sobre el 65 por ciento que llega de Nación. Dicen estar un poco mejor que en otros años que era del 30 por ciento.
"Verna es hábil y sus pares gobernadores lo escuchan y él los opera", sostienen en la Casa Rosada. No obstante, a veces La Pampa se acerca y vota alguno de los proyectos, por ejemplo, el presupuesto 2018 y la reforma tributaria, no así la reforma previsional y otros temas ríspidos.
Formosa, en cambio, es previsible para la Nación. Es más, un funcionario admite que Gildo Insfrán "acompaña mucho" y recuerdan que en la primera etapa de la gestión de Macri "sus senadores y diputados nos votaron todas las leyes". En un marco de "una relación clara" en la que es poco tenido en cuenta el apoyo de ese mandatario peronista, Insfrán mantiene un contacto fluído con el Frigerio y otros funcionarios.
En Formosa, donde Insfrán tiene fama de riguroso con los números, se destaca por su cierre del ejercicio 2017 con equilibrio fiscal y un pequeño superávit fiscal. Desde 1995 la incidencia del gasto en personal en los ingresos corrientes se redujo casi 26 puntos. Actualmente el stock de deuda pública provincial es de USD 48M, lo cual representa un exiguo 2.89% de los ingresos corrientes.
En tanto, el caso de Sergio Uñac es distinto. El sucesor de José Luis Gioja en la gobernación sanjuanina tendía una excelente relación con la Casa Rosada, que se deterioró con la reforma previsional, donde en un primer momento dijo que la apoyaría con sus legisladores, y después cambió de posición. En el Gobierno creen que "vio la oportunidad para diferenciarse" y eso le servía internamente para su provincia y también para la nueva etapa que quiere protagonizar el peronismo. Días atrás, luego de conocerse la restricción lanzada por el presidente Macri para que los familiares de sus ministros trabajen en el Estado nacional, Uñac anunció que no acompañaría esa medida porque no era necesario en su provincia.
"Está enojado. La relación está fría con el gobierno", dicen los sanjuaninos. "Lo respetamos, siempre tuvimos una buena relación y además tiene un proyección interesante dentro del PJ", señalan en el Ejecutivo.
San Juan ha logrado en los años fiscales 2015, 2016 y 2017 ejecutar sus presupuestos con superávit fiscal. El gasto público está distribuido en la administración gubernamental 21,68%, seguridad 8,1%, servicios sociales 54,81, servicios económicos 12,65% y deuda pública 2,76%. En tanto el gasto en personal consolidado representa 40,97 del total de gastos del presupuesto.
La provincia desarrolla acciones que disminuyen la presión tributaria para incentivar la actividad productiva. La situación fiscal de la Provincia y el control sobre las cuentas públicas ordenadas le permitió, por ejemplo, constituir y mantener un Fondo Anticiclico que en la actualidad alcanza a la suma de $ 2.400 millones equivalente a 2 masas salariales mensuales.
Mas allá de los distintos tonos de rebeldías de las cuatro provincias, las transferencias desde la Nación crecieron considerablemente respecto del 2015, último año del gobierno de Cristina Kirchner. En 2017 San Luis recibió $18.791 millones, un 82% más que en 2015; La Pampa, $15.102 millones, 83% más; Formosa, $30.340 millones, un 60%; y San Juan, $27.954 millones, lo que representa un 74% más. Tomado por habitante, los puntanos incrementaron un 316% lo recibido por la Nación, los pampeanos un 356%, los formoseños un 423% y los sanjuaninos el 304%.
