La más reciente víctima costeña de esta matanza fue Nixon Mutis, en Cantagallo, Bolívar, muerto el pasado 30 de enero. Mutis se dedicaba al trabajo de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Las autoridades creen que tras el hecho estaría una banda delincuencial que opera en esta zona del departamento.
Mario Elías Carrascal Náder fue asesinado el 26 de enero en Montería. Fue alcalde de Puerto Libertador, Córdoba entre 2008 y 2012, donde tuvo que enfrentar serios problemas de orden público por la presencia de bandas criminales en la zona.
El 25 de enero fueron muertos en La Concepción, Sucre, los hermanos reclamantes de tierras Manuel Eusebio Osorio Escobar, Prisciliano Manuel Mercado García y Humberto Manuel Escobar Mercado. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre, William Martínez, les venía impidiendo trazar los linderos de la finca ‘La Concepción’, de 1.300 hectáreas de extensión. La ONG asegura que Martínez reclama la totalidad de la finca, cuando en realidad compró solo 608 hectáreas del terreno.
Y Plinio Pulgarín fue asesinado el 18 en San José de Uré, Córdoba. Este campesino y líder social era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, en zona rural de San José de Uré, y promovía la sustitución voluntaria de los campos de cultivos ilegales.
Cifras disímiles
Aunque Indepaz reporta 23 asesinatos de líderes sociales a nivel nacional en lo que va corrido de 2018, la organización Somos Defensores estima que fueron asesinadas 12 personas, cifra en la que coincide la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, mientras que la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, contabilizó 18.
Pero las cifras disímiles en cuanto a crímenes de líderes sociales en el país no son nuevas y el año pasado Indepaz enumeró 170 asesinatos, según la Fiscalía se denunciaron 101 crímenes y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, mantiene ese número en 75 líderes.
¿Impunidad o resultados?
No solo frente a las cifras de asesinatos existe disparidad entre distintos entes del país, pues varias ONG advierten que la impunidad reina en estos casos mientras que la cartera política y el ente de investigación penal aseguran que la mitad de casos están esclarecidos.
Por ejemplo, Credhos denuncia que lo más notable de los casos es la impunidad, ya que la Fiscalía no adelanta investigaciones exhaustivas para identificar a los asesinos ni se indaga a los grupos armados ilegales.
Iván Madero, presidente de Credhos, aseguró al respecto: “Una de las debilidades que notamos desde la corporación es que, frente a la identificación del agresor, los casos que se presentan en la Fiscalía terminan asumiéndolo como desconocidos, porque no se hace relación con los actores armados que están en el territorio. Además, cuando esto ocurre, los casos terminan archivados. Las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva, eficaz. También tiene que haber mucha eficiencia por parte del Ministerio Público para que no se archiven”.
Pero, por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que las investigaciones de la Fiscalía han avanzado tanto que se ha logrado identificar a los criminales en el 50% de los casos: “Vale la pena destacar que la Fiscalía ya ha reportado una tasa del 50% de esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales. Esto quiere decir que en la mitad de esos crímenes ya existen unas investigaciones avanzadas que permiten identificar cuál fue el origen, cuáles fueron los responsables de estos crímenes”.
Escalada violenta
Los asesinatos de líderes sociales de enero pasado se empezaron a perpetrar desde mediados del mes y desde entonces se ha producido casi que uno o dos por día.
El primero se registró el 17 de enero, cuando se produjeron tres muertes en Antoquia y Santander: Diana Solano, Víctor Morato y Jorge Celis, sin responsables identificados.
El 18 de enero hubo un asesinato en Córdoba: Plinio Pulgarín, del que no se han identificado a los culpables. El 19 de enero, hubo tres asesinatos en Arauca: Luis Díaz, Miller Díaz y Leidy peña, atribuidos por Indepaz al Ejército.
Entre el 20 y 21 de enero se reportaron dos víctimas en Arauca y Antioquia: Víctor Vitola y Víctor Barrera, uno desconocido y otro atribuido a las disidencias de las Farc. Y entre el 22, 23 y 24 de enero se registraron cuatro víctimas en Nariño, Arauca, Cauca y Antioquia: José Olmedo, Harly Mogollón, Fares Carabalí y Berber Velásquez, con autores desconocidos.
El 25 de enero fue el asesinato de los tres hermanos sucreños y de otro líder en Norte de Santander: Humberto Escobar, Prisciliano Mercado, Manuel Osorio y Miguel Parra, los tres primeros con autores desconocidos y el último atribuido al Ejército.
Y del 26 al 30 fueron muertos seis líderes en Chocó, Córdoba, Valle, Cauca, Bolívar y Norte de Santander, todos con autores desconocidos menos el primero, atribuido por Indepaz al Ejército: Eleazar Tequia, Mario Carrascal, Temístocles Machado, Nicomes Payán, Nixon Mutis y Leidy Amaya.
Nuevo decreto
El viernes, el ministro Rivera, tras concluir la reunión de la Mesa de Garantías de Derechos Humanos en Popayán, anunció que el Gobierno prepara un nuevo decreto para velar por la protección de las comunidades que tienen mayor índice de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.
Dicha normativa, que está en la fase de socialización con las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, apunta a, según el jefe de la cartera política, “superar esa idea de que el único esquema de protección es brindarles a los líderes amenazados carros blindados y escoltas. Debemos tener un mecanismo de protección colectivo y en eso es que nos estamos enfocando”.
Recordó Rivera que ya se expidieron dos decretos en esta materia el año pasado “para activar el sistema de alertas tempranas y tomar decisiones”.
Dos más en febrero
El viernes pasado hombres armados ingresaron al lugar de residencia de la líder social ambientalista Yolanda Maturana y la asesinaron con arma de fuego en la noche del jueves 1 de febrero en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
La mujer se dedicaba a defender los recursos naturales, especialmente, en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó, donde las comunidades han denunciado presencia se encapuchados que los asedian.
También el jueves, la fundación Cordobexia, filial de Marcha Patriótica en Córdoba, denunció el homicidio del tesorero de la junta de acción comunal de la vereda la Ilusión, Antonio María Vargas Madrid, en jurisdicción de San José de Uré.
De acuerdo con la denuncia de la organización defensora de derechos humanos, Vargas Madrid, era firmante del acuerdo de sustitución colectiva de hoja de coca en el sur de Córdoba, como también lo era el líder social Plinio Pulgarín.
Oposición a la sustitución
Esta semana el vicepresidente Óscar Naranjo se refirió a los asesinatos de líderes de sustitución de cultivos y aseguró que se reforzará el plan ‘Victorias’ y el despliegue de la operación ‘Horus’ para que la Fuerza Pública está más cerca de los líderes y los acompañe en “su esfuerzo por cumplir la sustitución voluntaria de cultivos”.
De acuerdo con Naranjo, esta escalada en las amenazas se debe a que grupos como el Eln, disidencias de las Farc y organizaciones de narcotraficantes se oponen al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que hasta el momento tiene 123.000 acuerdos y 54.000 familias que ya están trabajando de la mano con el Gobierno.
“La preocupación del Gobierno es que sigan amenazando a estos líderes que apoyan el programa, que hasta el momento tiene 16.000 hectáreas libres de coca, certificadas por las Naciones Unidas. Por esta razón hemos decidido afinar la coordinación interinstitucional en las regiones del país para brindarles mayor protección a los líderes”, dijo Naranjo.
