La denuncia penal fue presentada Aníbal Baeza, un hombre cercano al PRO, donde expresa en el escribo que “…En los últimos dos años han ocurrido sucesos y se han formulado manifestaciones públicas que revelan una situación creadora de peligro para el orden constitucional y las instituciones democráticas, agitando el fantasma de los desgraciados hechos de fines de 2001 que determinaron ataques a la propiedad y la vida de las personas, y la caída de un gobierno constitucional…En esos sucesos y manifestaciones se advierte la notable injerencia de Su Santidad el Papa Francisco I, en el diseño ideológico de muchos de tales actos, así como de personas a él allegadas en su planificación y ejecución…”.
El denunciante atribuyó responsabilidad al papa Francisco de abastecer de argumentos a la oposición al gobierno de Mauricio Macri. La deducción del denunciante se realiza a partir de declaraciones tanto del Papa como de sus allegados, que reseñó en la denuncia.
Baeza hizo una lista de más de 30 hechos, sucedidos entre 2016 y 2018 para sostener la hipótesis sobre la responsabilidad del Papa en el articulado político de la oposición.
En la lista aparecen -entre otras- la carta de Francisco a Hebe de Bonafini y declaraciones del dirigente social Juan Grabois.
Otro argumento es la estrategia papal para minar al Gobierno es una nota que se publicó en diciembre pasado en la sección Vatican Insider del diario italiano La Stampa respecto de la Reforma Previsional titulada “Argentina: al Papa le duelen los jubilados”.
Allí se reprodujo una charla entre el Papa y su amigo Gustavo Vera donde se criticaba el proyecto oficial que se aprobó en el Congreso el 18 de diciembre pasado.
El denunciante había considerado que “el discurso y la política papales, motorizadas localmente por dirigentes afines a él y que participan de frecuentes encuentros con su persona, podrían estar interfiriendo gravemente con el orden constitucional”.
El caso quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado dio intervención al fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó que el caso se desestime por inexistencia de delito, bajo el argumento que no se puede penar a alguien por sus opiniones.
Desde Cambiemos no leyeron los argumentos del juez porque decidieron ir otra vez a la justicia contra la opinión del ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni.
