Con el pedido de nueve condenas a prisión perpetua y penas de entre ocho y 25 años para otros once acusados, el Ministerio Público Fiscal concluyó el viernes 1 de junio su alegato en el marco del proceso conocido como "Causas Unificadas", donde se juzga la responsabilidad de ex militares y agentes de la policía provincial y Federal en crímenes de lesa humanidad perpetrados contra víctimas que pasaron por distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias del Ejército, la Fuerza Aérea y la policía de Mendoza.
Con distintas calificaciones y grados de participación según el caso, el fiscal general y titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en causas por Violaciones a los Derechos Humanos en la jurisdicción de Mendoza, Dante Vega -quien actuó en este juicio acompañado por los fiscales ad hoc Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni- encuadró los hechos en las figuras de homicidio agravado por alevosía, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, asociación ilícita, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, lesiones graves agravadas, abuso deshonesto y violación perpetrada por el uso de la fuerza o intimidación.
Los pedidos de prisión perpetua fueron para los ex policías federales José Mirotta (se desempeñó como subcomisario de la delegación local de la Policía Federal) y Marcelo León; los ex integrantes de la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2) Armando Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Diego Fernando Morales y Ricardo Miranda; el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea y ex jefe de la Policía de Mendoza Alcídes Paris Francisca; el ex jefe de Operaciones y ex jefe de Inteligencia, en diferentes períodos, de la VIII Brigada Paulino Enrique Furió; y el ex jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea Juan Carlos Santamaría.
También solicitó penas de prisión para los imputados Carlos Alberto Ledesma (25 años); Armando Olimpo Carelli (23 años); Ramón Ángel Puebla (20 años); Carlos Alberto Rico y Dardo Migno (18 años); Mario Alfredo Laporta (16 años); Roberto Usinger (16 años y seis meses); Miguel Ángel Salinas y Carlos Álvarez Lucero (9 años y 6 meses); Miguel Ángel Tello Amaya (8 años y seis meses); y Carlos Alberto Luciani (8 años).
El juicio comenzó en octubre de 2016 y abordó los crímenes contra 86 víctimas cometidos por diversos integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco de distintos operativos realizados en la provincia de Mendoza. Gran parte de tales víctimas fueron luego trasladadas a distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Compañía de Comunicaciones de esa misma Brigada, en la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), en el denominado Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.
La Fiscalía había comenzado a exponer su alegato el 26 de abril pasado. En su intervención, siguiendo la jurisprudencia internacional y la doctrina en la materia, el Ministerio Público Fiscal conceptualizó y encuadró bajo la figura de violencia por razones de género los delitos padecidos por diversas mujeres, por lo que solicitaron que como medida de reparación la sentencia así lo mencione expresamente.
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