El Fondo de Privatizaciones Griego (HRADF) prevé alcanzar este 2018 el objetivo de ingresos acordado entre el Gobierno y las instituciones acreedoras fijado en 2017, que se traduce en dos mil millones de euros (2.3 millones dólares).
De concretarse esta meta será la primera vez, desde su creación en 2011, que el fondo logra su objetivo fiscal anual.
Para lograr el pago a los acreedores, Grecia ha tenido que optar por una serie de medidas que generan descontento en la población y que sumergen al país en multitud de protestas, huelgas y una tasa de desempleo que ronda el 22 por ciento, la más alta de Europa.
Los objetivos se logran a cambio de las ventas, recortes y privatizaciones establecidas por el HRADF, que a principios de año inició la venta del cinco por ciento del capital de la compañía de telecomunicaciones OTE, por 284 millones de euros (329 millones de dólares), así como el 67 por ciento del capital de la Autoridad Portuaria de Salónica (THPA), por 231.9 millones de euros (267.6 millones de dólares).
Igualmente, el HRADF fijó la venta del 66 por ciento del capital de la operadora de distribución de gas natural (DESFA) por 251.3 millones de euros (290 millones de dólares), otros 22 millones de euros (25 millones de dólares) llegan por la venta de la Compañía de Mantenimiento de Ferrocarriles de Grecia, mientras que 1.100 millones de euros (1.5 mil millones de dólares) por la concesión del aeropuerto internacional de Atenas, entre otras.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los pronósticos son favorables y por primera vez Grecia parece que alcanzará la meta fijada, pues espera una cifra mayor a la acordada.
Sin embargo, la población considera que este paquete de "rescate financiero" no ha contribuido en nada a solventar la situación social que atraviesa el país, pues desde que inició la crisis la nación europea ha perdido más del 25 por ciento de su riqueza.
En 2015, Grecia firmó una acuerdo con sus acreedores en el que se comprometió a reformar el sistema de pensiones y el mercado laboral, así como a establecer un fondo para privatizaciones a cambio de un préstamo por más de 100.000 millones de dólares.
Desde entonces, el país enfrenta a una serie de reformas laborales y recortes de al menos 1.400 millones de euros (1.600 de dólares) en el sistema de pensiones, como parte de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
