Con un pedido de penas de 45 años de prisión para el genocida Santiago Omar Riveros (foto) y de 30 para el médico militar Raúl Eugenio Martín, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo finalizó los alegatos en el segundo tramo del juicio por los crímenes del Hospital Militar de Campo de Mayo.
Durante la presentación ante el TOF 3, el equipo jurídico de la Asociación fundamentó la acusación contra Riveros, quien entonces se desempeñaba como Comandante de Institutos Militares y tenía a su cargo la represión ilegal en la denominada Zona de Defensa IV, y el médico militar del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Eugenio Martín, quien en el juicio anterior fue absuelto pero ahora responde por un mayor número de víctimas.
En este juicio se investigan los casos de apropiación de bebés y de privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia de García y su hija Bárbara García Recchia; de Marcela Esther Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla Molfino; de María Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli Trotta; de Rosa Luján Taranto de Altamiranda y su hija María Belén Altamiranda Taranto; y de Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzillotto.
También, de Celina Amalia Galeano y su hija, de Paula Elena Ogando y su hija, y de María Cristina Cournour de Grandi, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus respectivos/as hijos/as, a quienes continuamos buscando.
Además, del pedido de pena, como medida de reparación a las víctimas, el equipo jurídico de la Asociación solicitó, por una parte, que se notifique de la sentencia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los efectos de que se declare Sitio de Memoria al Hospital Militar de Campo de Mayo con los alcances previstos en la ley 26.691 y se provea su señalización.
Por otra parte, requirió que se retire de la galería fotográfica de honor a los Directores y Subdirectores del Hospital Militar de Campo de Mayo que intervinieron durante la dictadura militar, ya que “han deshonrado la profesión médica y desvirtuado la finalidad del nosocomio convirtiéndolo en un centro clandestino de detención”.
Y, por último, dado que en los hechos investigados intervinieron monjas, religiosos y laicos enrolados en el Equipo de Adopción San José del Movimiento Familiar Cristiano, se solicitó que se notifique de la sentencia a la Conferencia Episcopal Argentina a los efectos que estime correspondientes.
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