El técnico informático Diego Lagomarsino quedó imputado hoy en la causa por la “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman, por facilitarle la pistola hallada junto a su cuerpo en el departamento de Puerto Madero, donde apareció muerto el funcionario el pasado domingo 18, aunque la justicia evalúa prueba y testimonios "para una eventual extensión del cargo”.
La acusación es por infracción al artículo 189 bis, apartado 4, del Código Penal, que reprime con penas de uno a seis años de prisión al “que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare su condición de legítimo usuario”.
No obstante, la fiscalía abrió la posibilidad de que a esa acusación se extienda se le agreguen otros cargos al sostener que se están “evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación”.
Junto a la imputación al colaborador de Nisman en la Unidad Fiscal Amia (Ufi-Amia), la nueva declaración ante la fiscalía de su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, constituyeron las mayores novedades en la investigación a ocho días de su hallazgo con un tiro en la cabeza.
El viernes pasado, Arroyo Salgado permaneció ocho horas en la fiscalía pero trascendió que sólo prestó testimonio durante poco tiempo ya que al haber sido aceptada como querellante en nombre de las dos hijas menores que tuvo con Nisman, dedicó buena parte del tiempo a conocer el expediente y copiarlo.
Un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°45, a cargo de Viviana Fein, precisó que la acción penal contra Lagomarsino se inició ”por facilitar el arma Bersa calibre .22 hallada en el departamento de Alberto Nisman”.
El viernes pasado la justicia ya dispuso la prohibición de salir del país a Lagomarsino luego de no poder encontrarlo en el domicilio declarado, tras lo cual también se lo puso bajo custodia de la Gendarmería en el régimen de protección de testigos.
La jueza Fabiana Palmaghini dispuso la imputación una semana después de que Lagomarsino se presentara voluntariamente y declarara haber proporcionado el arma a pedido del propio Nisman, quien habría aducido razones de seguridad.
Reveló que para ello había concurrido dos veces al departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en Puerto Madero, una para recibir el pedido y otra para cumplirlo, pocas horas antes de la muerte del fiscal.
En el mismo comunicado difundido hoy, la fiscalía indicó que “comenzó el trabajo de análisis de todos los registros de video de las cámaras de seguridad del complejo” para los que pidió un “análisis profundo” dadas la “falencias” en los registros escritos de ingreso y egreso del edificio.
Fuentes de la investigación aseguraron que Nisman había formulado un pedido similar de un arma de bajo calibre para su defensa a uno los policías de su custodia, Rubén Benítez.
Si bien Nisman tenía armas, aparentemente registradas en la década del 90, no se estableció que antes de su muerte aún estuviese debidamente inscripto para recibir cualquier tipo de arma.
El Registro Nacional de Armas (RENAR), a través de su página web, es contundente en este punto: “la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento”.
Las tenencias, por su parte, “tienen carácter de título sobre el arma y sólo caducan si no se renueva la credencial de Legítimo Usuario en término”.
Lagomarisno reportaba directamente a Nisman en tareas de soporte técnico pero según denunció el ex jefe organizador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, había ofrecido sus servicios a aquella fuerza para hackear cuentas y “pinchar” teléfonos.
La División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina sigue analizando en tanto los celulares y líneas telefónicas para deteminar las llamadas hechas o recibidas en los días previos a la muerte.
En tanto, la fiscalía aun espera de los resultados de ADN ordenados sobre el material balístico levantado en el departamento la noche del suceso.
Al prestar esta mañana testimonio ante la fiscal Fein, la diputada Patricia Bullrich declaró que Nisman le había dicho que fue “traicionado” por un agente de inteligencia local que le pasó información personal a un espía extranjero, cuyas identidades dijo no conocer.
