El holding, originado en la industria vitivinícola y que incluía al Banco de los Andes, había sido intervenido en 1980 por la última dictadura cívico militar, lo cual, al retorno de la democracia, dio lugar al pedido de reparaciones por sus sobrevivientes y herederos.
Tras un extenso proceso judicial, el juez comercial Francisco de Asís Soto estableció en agosto de 2005 que los daños y perjuicios debían ser compensados mediante la entrega de Bonos de Consolidación por dicha suma, lo cual fue aceptado por el Palacio de Hacienda sin realizar la apelación correspondiente.
En la causa también fueron condenados ahora, a penas en suspenso: Yolanda Eggink, ex directora general de Asuntos Jurídicos (tres años de prisión); Daniel García, ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados (dos años y ocho meses); y la abogada Beatriz Pernas (dos años y seis meses).
En tanto, el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Juan Cayetano Intelisano fue absuelto, ya que la fiscalía no lo acusó durante su alegato.
La fiscal Stella Maris Scandura y su colega ad-hoc Juan Manuel Gase habían solicitado en febrero pasado la pena de tres años de prisión para los cuatro ex funcionarios de Economía, en el juicio oral realizado por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal Tres (TOF3) la fiscalía describió los roles desempeñados por los imputados y dijeron que Pernas y García eran "la cara del Estado en el expediente civil y comercial federal", Eggink quien les impartía las directivas y Siseles "el encargado de dar apariencia de legalidad".
En la exposición, los fiscales habían hecho hincapié en que se trató de un caso de corrupción en el que los acusados abusaron de la posición que tenían al desempeñar sus cargos, fallando al deber de cuidado de los intereses de la sociedad.
El juicio, en el que la Oficina Anticorrupción intervino como querellante, comenzó en septiembre del año pasado y durante el transcurso de las audiencias declararon alrededor de 45 testigos, entre ellos los ex ministros Lavagna y Felisa Miceli, su sucesora en la cartera.
Los jueces Jorge Humberto Gettas, Miguel Guillermo Pons y Fernando Ramón Ramírez dispusieron además, para todos los condenados, la inhabilitación para ejercer cargos públicos en forma perpetua.
