La respuesta del Ejecutivo, de hecho, se limita a señalar que el Sistema Estadístico de Criminalidad tiene recogidos 129 delitos de tortura por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el año 2000 y reitera que éstas “llevan a cabo sus funciones bajo el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente”. Las demás peticiones del diputado Iñarritu fueron completamente ignoradas por el Ejecutivo, que en el resto de su respuesta se limita a hacer una enumeración de leyes sin aportar dato alguno y sin realizar ninguna valoración.
El ‘olvido’ del Gobierno en aportar la información que se le solicita desde el Congreso cobra especial relevancia cuando el Estado español ha sido condenado hasta en seis ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente denuncias de torturas y en tan sólo 10 años la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha recopilado hasta 6.621 denuncias de torturas y malos tratos policiales, así como la muerte de 883 personas bajo custodia.
De hecho, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha reprochado a España su escasa voluntad para investigar las denuncias de malos tratos policiales y tanto el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas como reconocidas organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, también han expresado reiteradamente su preocupación por la falta de investigación y por prácticas como la incomunicación de detenidos durante 13 días.
“Una vez más queda de relieve que España tiene un problema con la tortura. Se tolera, se encubre y se obstaculiza su investigación. Son alarmantes los datos que demuestran que sólo una ínfima parte de los casos denunciados pueden demostrarse”, señala el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que exige al Gobierno cumplir con las recomendaciones de la ONU y del Comité contra la Tortura “para evitar que hechos así se produzcan impunemente”.
Condena por torturas graves
Hace apenas 15 días la Audiencia de Palma condenó a dos policías por torturas graves. La magistrada ponente en el juicio y presidenta de la Sala, Francisca Ramis, llegó a comentar: “Se me cae la cara de vergüenza, como ciudadana”, en referencia al retraso policial en investigar y denunciar los hechos, las manipulaciones de atestados y de las versiones de testigos.
*Por Alejandro Torrús, Público
