La intención que se esconde detrás de estas leyes es someter todavía más a los palestinos que viven dentro de Israel. Se dice que algunos de esos proyectos de ley son los que la derecha quiso que se aprobaran antes de las recientes elecciones. Sin embargo, la coalición árabe es ahora el tercer grupo parlamentario más grande del Knesset, razón por la cual hay cierto optimismo sobre la posibilidad de bloquear esas leyes.
La más peligrosa de estas leyes es la que definiría a Israel como “estado judío”. Benjamín Netanyahu intentó sacarla adelante en la anterior legislatura, pero fracasó. Se encontró con una gran resistencia de la entonces ministra de justicia Tzipi Livni. Si se aprobara, la ley estipularía que Israel es el estado del pueblo judío, de los judíos de todo el mundo, y los derechos de ciudadanía serían exclusivamente de los judíos. Además, el hebreo sería la única lengua oficial del estado y el árabe ya no sería la segunda lengua. Este cambio haría, por ejemplo, que fuera innecesario que los documentos oficiales y las señales de tráfico estuvieran en hebreo y árabe.
El proyecto de judaización también requiere que toda organización que aspire a ser reconocida oficialmente por el estado tendrá que declarar que reconocer la naturaleza judía del estado de Israel. Advierte, además, a los miembros del Knesset que podrían ser procesados en el caso de que hagan alguna declaración que niegue ese estatus.
Otro proyecto de ley que se encuentra a la espera de ser aprobado por la derecha israelí es el que prohíbe el uso de micrófonos y altavoces en las mezquitas. Si se aprobara, daría al ministro del interior el poder de prohibir la llamada musulmana a la oración allí donde lo crea conveniente. Los ciudadanos palestinos de Israel creen que esto es un intento de limitar su derecho a practicar su religión, lo cual provocaría una escalada de violencia, que es, probablemente, lo que busca la derecha para poder enmarcar este tema como una lucha contra el “extremismo” y el “terrorismo”.
La derecha israelí también quiere prohibir que los grupos de derechos humanos con sedes en Israel puedan solicitar y recibir contribuciones económicas procedentes de países extranjeros, mientras que otro proyecto de ley quiere limitar el acceso a la financiación extranjera. No hay duda de que al menos uno de estos proyectos de ley será aprobado en el Knesset para evitar, así, que las organizaciones extranjeras internacionalicen los crímenes cometidos por Israel en los territorios ocupados palestinos.
El parlamento israelí también podría prohibir la conmemoración de la Nakba y crear comités que impidan a los árabes la obtención de títulos o permisos para la compra de tierras. Por otra parte, el gobierno está tratando de prohibir a los ciudadanos su participación en el movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), que promueve el boicot a los productos y las instituciones académicas israelíes, en general, y a los que tienen su sede en los asentamientos ilegales, en particular. La pena de muerte podría ser restablecida para los presos palestinos.
Parece que el gobierno israelí quiere promover una ley referida a los asentamientos que supondría la anexión del “Área C” de Cisjordania, como parte de un proyecto de expansión de los asentamientos israelíes. Esto pone de relieve la intención de la derecha israelí de ignorar los Acuerdos de Oslo y desarrollar, en cambio, nuevos métodos para seguir anexionándose más territorios en la ocupada Cisjordania.
Proyectos de ley de esta naturaleza no son nada nuevo y algunos han sido aprobados, de una forma u otra, en los tres últimos años, aunque los palestinos los hayan rechazado. Sin embargo, las leyes relativas al movimiento BDS y al establecimiento de ciertos comités forman parte de un plan más ambicioso para impedir a los palestinos el ejercicio de sus derechos básicos y sus libertades civiles, para continuar la limpieza étnica y conseguir, así, que los judíos colonicen cada vez más territorios, imponiendo hechos consumados con la ayuda y el patrocinio de Estados Unidos.
El objetivo que está detrás de la promoción de estas leyes es crear más dificultades económicas, sociales y políticas a los palestinos de Israel, de forma que se animen a abandonar el país, sobre todo los jóvenes. La imposición de restricciones sistemáticas a la juventud palestina es un proyecto político que persigue empujar a los jóvenes a emigrar en busca de unas condiciones de vida y de trabajo mejores.
La composición política del nuevo parlamento es diferente de la existente en el pasado, debido a la presencia de los electos de la coalición árabe. Es un logro enorme que permitirá trabajar para bloquear aquellas leyes que sean perjudiciales para los intereses palestinos.
¿Conseguirá la coalición árabe influir en la opinión pública israelí? ¿Será fácil bloquear los intentos de la extrema derecha de poner en práctica políticas que permitan la expulsión de los palestinos de sus tierras? ¿Y seguirá el resto del mundo árabe de brazos cruzados mientras Israel implementa leyes racistas que complican las vidas de los ciudadanos palestinos de Israel y de los territorios ocupados? Solo podemos esperar y ver.
Fuente: Middle East Monitor / Traducción: Javier Villate en el Blog Disenso
(Traducido del periódico en lengua árabe Felesteen, 6 de abril de 2015.)
