En su informe, denominado 'Como si no fueran seres humanos: Brutalidad policial contra los migrantes y solicitantes de asilo en Macedonia', la ONG asegura que ha "documentado" los abusos físicos y verbales cometidos por las autoridades macedonias con los solicitantes de asilo en la frontera con Grecia y los maltratos de los agentes policiales en el centro de detención de Gazi Baba entre junio de 2014 y julio de 2015.
HRW, también, ha documentado detenciones arbitrarias de inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones degradantes e inhumanas en Gazi Baba".
"Es fácil ver que Macedonia tiene un problema con la violencia policial contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo", ha explicado Emina Cerimovic, investigadora de HRW.
HRW ha entrevistado a 64 solicitantes de asilo e inmigrantes, incluidos siete niños, en varios lugares de Serbia y Macedonia. Muchos de los entrevistados han sufrido abusos a manos de la policía, particularmente en la frontera con Grecia y en Gazi Baba.
Allí, según el informe de esta ONG, las autoridades macedonias "detienen a personas, sin permitirles ninguna medida para recurrir su detención, para garantizar su disponibilidad para testificar contra los procedimientos penales contra personas sospechosas de tráfico de inmigrantes".
En este sentido, HRW ha asegurado que los guardias maltratan "de forma rutinaria" a los detenidos, incluidos abusos verbales y físicos, y las condiciones en el centro de detención son "inhumanas y degradantes".
En los últimos meses, Europa se ha enfrentado a una afluencia sin precedentes de refugiados que llegan principalmente de países afectados por el terrorismo, como Siria, Irak y Afganistán.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su último balance, declaró el pasado viernes que más de 473.000 solicitantes de asilo han cruzado el Mediterráneo desde enero, y cerca de 2748 han muerto o están desaparecidos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió el pasado lunes que los refugiados en Europa se enfrentan a un "vacío jurídico" por las medidas que toman los Estados del bloque comunitario de forma independiente.
