"Nos hemos sentido alentados y llamamos a la conferencia de prensa porque entendemos que el número de llamadas ha sido muy importante y algunas de las informaciones que han llegado son bastante interesantes", dijo Ignacio Herrandonea, miembro de la plataforma, según cita la agencia Efe.
A principios de septiembre los familiares solicitaron en una carta abierta a la población que se les remitiese cualquier información que los ciudadanos pudiesen tener acerca del paradero de sus allegados.
Tras cuarenta años desde el final de la dictadura cívico-militar que se instauró en Uruguay en 1973, que se cumplieron el último 1° de marzo, la plataforma estima que existen alrededor de 200 personas que fueron detenidas durante la misma y de las que nunca más se supo.
La organización considera que los esfuerzos del Estado para buscarlos no han sido fructíferos y actúan de forma paralela a la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos que lleva a cabo el Gobierno del vecino país.
"Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos. A nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero?", reza la carta abierta, divulgada en varios formatos digitales y que hoy volvieron a leer para reiterar la vigencia de su búsqueda.
Sobre las dificultades del proceso de búsqueda, los integrantes de la plataforma destacaron que muchas de las desapariciones se dieron en el exterior, principalmente en países cercanos, como Argentina.
Respecto de las informaciones recibidas hasta el momento, los miembros de la plataforma señalaron que todavía tienen que analizarlas todas para verificar la validez de las mismas, dado que varias fueron remitidas de forma anónima, y consideran que "algunas de ellas pueden provenir de militares" debido a su minuciosidad.
La mayoría de los aportes se refieren a casos situados en Montevideo, informaron, aunque también hay algunos en otros puntos del interior del país.
Recientemente fueron paralizadas, tras encontrar un artefacto explosivo, unas excavaciones en el denominado 'batallón 13', ubicado a las afueras de Montevideo y en el que funcionó un centro de detención clandestino conocido como "300 Carlos", en el cual víctimas de la dictadura reconocieron haber sido torturadas.
La reanudación de esas excavaciones, dijeron, está en manos de la Justicia.
Otro integrante de la organización, Javier Tassino, exhotó a seguir aportando información a aquellas personas que "por temor" o "porque puedan estar amenazadas" no la hayan facilitado, y destacó en este sentido que se conservará la privacidad de su identidad "dé la cara o no dé la cara".
"No recibirá ninguna recompensa, solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción: identificarse o no, aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad, no juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias", dice la misiva acerca de la necesidad de información veraz para poder continuar la búsqueda.
