Así lo hizo a través del decreto 1950/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se sostiene en los considerandos que "los funcionarios negaron y rechazaron las causales invocadas por los recusantes".
La norma señala que Cablevisión y Grupo Clarín "no son parte interesada en los procedimientos administrativos que tramitan en los expedientes aludidos en el escrito”.
Y agrega que "al argumento que invoca una supuesta adquisición de capital social de la empresa Nextel Communications Argentina S.R.L., corresponde resaltar que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no ha otorgado la autorización pertinente para este tipo de transferencias".
"La transferencia, la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier gravamen sobre la licencia y toda modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales, en los términos de la reglamentación vigente, deberán obtenerla previa autorización de la Autoridad de Aplicación, bajo pena de nulidad”, advierte el decreto.
En consecuencia, agrega, "la operación invocada —en esta instancia— no podría otorgar legitimación para interponer ante la Administración este tipo de recusación".
Por otra parte, consigna, "en cuanto a las alegaciones referidas tendientes a evitar la intervención de las autoridades recusadas en todas las decisiones y resoluciones que se tomen en el marco de algún expediente que en el futuro se refiera a Cablevisión S.A. o Grupo Clarín S.A., no resultan procedentes por ser genéricas, dogmáticas, indeterminadas y carentes de toda prueba".
"En consecuencia, la pretensión de Cablevisión S.A. y del Grupo Clarín S.A. pretende crear artificiosamente una situación para poder ejercer válidamente derechos que no les corresponden", asevera.
Por todo esto, el Gobierno resolvió rechazar "in limine" la recusación planteada por Cablevisión S.A. y Grupo Clarín S.A. por falta de legitimación activa; así como también rechazar la presentación de Nextel, tras evaluarla, porque las denuncias penales realizadas no fueron realizadas por la empresa.
