La Corte, no obstante, no se expidió expresamente sobre si el pago de la Argentina a través del BONY, entidad que mantiene congelado esos fondos en sus cuentas desde junio de 2014, viola o no la ley de inmunidad soberana lo cual es de especial interés para la Argentina.
En un documento de tres páginas, al que tuvo acceso Télam, la Corte de Apelaciones respondió a un pedido formulado por acreedores en contra de la Argentina, que apelaron un fallo del juez Griesa en el que el magistrado había decidido no liberar esos fondos y mantenerlos congelados en el BONY para pagarle a los fondos buitre, situación en la que aún se encuentran.
Dicha Corte justificó su decisión en contra de los acreedores demandantes, en su mayoría bonistas italianos, remarcando que la Argentina no tiene la posesión de los fondos en cuestión.
Recordaron que Griesa le prohibió a la Argentina tomar posesión de dichos fondos, lo cual es lo que sucedió hasta el momento, ya que el soberano no recurrió a ninguna medida de fuerza para recuperar las divisas que permanecen en las cuentas de los acreedores del BONY.
En segundo lugar, la Corte de Apelaciones determinó que la transferencia de fondos de la República al BONY no fue una transferencia "fraudulenta", ya que "la República estaba tratando de pagar otra acreedores para quien el BONY actúa como fiduciario".
"A lo sumo -agregó el texto-, la transferencia de la República fue una preferencia entre los acreedores; sin embargo, bajo la ley de Nueva York, la preferencia de un acreedor por sobre otro no es fraudulenta", expresó el tribunal de segunda instancia.
Asimismo, la Corté subrayó que los derechos del demandantes como acreedores, no son superiores a los derechos del BONY como fiduciario del fideicomiso armado para completar la operación del canje de deuda.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones aclaró: "Afirmamos la decisión del tribunal de distrito de negar la moción bajo § 5225 (b) -(el pedido de los demandantes de obtener los fondos para su resarcimiento)-, aunque por motivos alternativos", a los planteados por el juez Griesa.
Y agregaron que "debido a que -(Griesa)- no autoriza la venta-transferencia de los activos, no llegamos a la cuestión de si tal venta-transferencia estaría prohibida por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera".
El octubre de 2014 Griesa rechazó el pedido de los acreedores que no ingresaron a los canjes 2005 y 2010, de exigirle a BONY que entregue parte de los 539 millones de dólares que habían sido destinados por la Argentina a pagarle a los bonistas que sí habían ingresado a dichos canjes.
Su argumento fue que los fondos se encontraban fuera de los Estados Unidos, y a que la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por su sigla en inglés) no considera esta cuestión.
"Al tratar con lo que puede ser objeto de traspaso, la FSIA simplemente no menciona bienes situados fuera de Estados Unidos", había dicho Griesa en esa oportunidad.
Luego del fallo de hoy, Anthony Costantini, abogado de la mayoría de los acreedores que pedían el pago, dijo que se solicitará una nueva audiencia, señalaron agencias internacionales.
Al mismo tiempo, el letrado que representa a la Argentina, Carmine Boccuzzi, consideró que la Corte de Apelaciones "reconoció correctamente que hay fondos para los bonistas reestructurados a los que los holdouts (acreedores no reestructurados) no tienen derecho".
