Esto lo señaló con medular precisión Adolfo Pérez Esquivel la semana pasada, denunciando además la ausencia de referencias a esos famosos derechos que casualmente también se llaman «humanos». Pues no. Según cuestionó el Nóbel de la Paz, pareciera que para el gobierno los humanos sirven –servimos– como recurso y poco más.
Ocultando otros, con ese sentido también es que se creó el flamante Ministerio de Modernización, cuya incumbencia es “en todo lo inherente al empleo público”, según dicta el Decreto Nº 13/15. Para el cargo, por supuesto, nadie mejor que un economista especializado en «recursos humanos», según detalla su currículum.
Se trata de Andrés Ibarra, un amigo personal del presidente y con larga trayectoria en el Grupo SOCMA de Franco Macri. Pero asimismo, tal vez para que no se sintiera solo, el pasado 18 de enero fue designado, como nuevo subsecretario de relaciones laborales y fortalecimiento del servicio civil, otro valuarte del Grupo SOCMA, el abogado Carlos Lelio, quien además es presidente de la firma Trayectoria Consultores S.A., una compañía basada en la premisa de que “el éxito empresarial se sustenta en la calidad, eficiencia y profesionalismo de sus recursos humanos”, según reza su página web.
Por lo demás, naturalmente el flamante subsecretario está especializado en derecho del trabajo, aunque desde 1973 hasta 2003 siempre se dedicó al asesoramiento de empresas.
Por caso, en una de las empresas en las que recaló Lelio fue en Correo Argentino S.A., luego de que Franco Macri se hiciera cargo de la concesión facilitada por Carlos Menem. Allí prestó tareas casualmente también con Andrés Ibarra, quien por entonces se desempeñaba como director comercial y de marketing.
El saldo de la gestión fue terrible: más de diez mil trabajadores despedidos, según denunció un informe de la CTA, y deudas millonarias por obligaciones previsionales y sociales incumplidas, según reveló la Auditoría General de la Nación en septiembre de 2002.
A todo esto, ¿a qué se dedica el Ministerio de Modernización?
En el decreto que lleva su firma, el presidente dijo que la creación del Ministerio de Modernización se realizaba “para impulsar las políticas de jerarquización del empleo público y su vínculo con las nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno”.
Dijo, entonces, sin decir nada. Sin embargo, basta como muestra lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del PRO. Al comienzo de su segundo mandato, en 2011, Macri determinó que la Dirección de Gestión de Personal pasaría a la órbita del recientemente creado Ministerio de Modernización, también a cargo de Andrés Ibarra.
Así, e incluso habiendo ya transitado todo un período al frente del gobierno porteño, al año siguiente de su creación, el nuevo Ministerio anunció la eliminación de 2.647 puestos de trabajo, de los cuales, según informó el propio Ibarra, la mitad fueron calificados como «retiros voluntarios». “Hay tareas administrativas que hoy la tecnología las resuelve de forma más sencilla y eficaz”, declaró en aquel entonces.
Pero naturalmente eso no fue todo. El ministerio ideado por Macri con el objetivo declarado de “darle potencia al recurso humano” dictó en agosto de 2012 una normativa de reglamentación de las asambleas gremiales. En particular, la disposición estableció que los trabajadores debían pedir permiso con un plazo mínimo de tres días hábiles y que la autoridad estatal podía disponer que se realizara fuera del horario laboral.
La norma, por supuesto, colisionaba con los principios más básicos del derecho colectivo del trabajo y hasta con normas internacionales de protección de la libertad sindical. ¿Pero quién fue el ideólogo de aquella medida? Un incondicional compañero de Andrés Ibarra, el laboralista Carlos Lelio, cuya iniciativa fue finalmente declarada inconstitucional en mayo de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Lo curioso, ahora que Lelio integra el gobierno nacional, es que tendrá a su cargo –según el Decreto Nº 13/15– la realización de «propuestas normativas» en materia de empleo público y la asistencia al ministro Ibarra «en los procesos de resolución de conflictos» laborales.
Poder en pocas manos
Pareciera que los despidos masivos y el achicamiento del Estado no serían posibles sin el Ministerio de Modernización. Cuando Mauricio Macri decidió aplicar en la ciudad de Buenos Aires aquello que él mismo llamó «darle potencia al recurso humano» recurrió a Andrés Ibarra. Esta vez, lo mismo.
El Decreto 254/15, que a fines del año pasado dispuso la revisión de todos los contratos de la administración e incluso de los concursos, le encomendó al ministro Ibarra el dictado de las normas complementarias que hicieran falta para concretar el plan.
Aun así, y como si además fuera poco haberle dado al Ministerio la responsabilidad de «optimizar y coordinar los recursos humanos» del Estado –según dice el decreto que lo creó–, la semana pasada Macri avanzó un paso más. Mediante el Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda contratación de personal deberá contar de ahora en más con el visto bueno de Ibarra.
El poder, entonces, se consolida y se concentra: como ya se hiciera en la Ciudad, ahora en Nación. Pondrá Ibarra un ojo en las designaciones pasadas y otro en las contrataciones futuras, siempre con un único objetivo: reducir la planta de trabajadores del Estado y, en términos de gestión PRO, «potenciar el recurso humano».
*Por Federico Dalponte, Notas.org.ar
