Entre los condenados por la Corte Suprema están el general César Manríquez Bravo y el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, que deberán cumplir penas de 13 años de prisión, además del coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán, Alejandro Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra, quienes fueron sancionados con 10 años y un día de presidio. La sentencia del máximo tribunal confirma el fallo dictado por el juez especial Hernán Crisosto, quien dio por establecido la captura de Stalin Aguilera Peñaloza el día 23 de julio de 1974 y su paso por diversos centros de tortura de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, antes de que su rastro se perdiera para siempre.
En el aspecto civil se confirmó la condena al Estado de Chile a pagar a cada uno de los siete hijos de la víctima una indemnización por daño moral de 50 millones de pesos (unos 69.000 dólares) y de 100 millones de pesos (unos 138.000 dólares) a la esposa de la víctima. Aguilera, militante del Partido Comunista (PC), fue detenido en su domicilio en el sector de Peñalolén, al suroriente de Santiago, por agentes de la DINA durante un allanamiento masivo a la población Lo Hermida, en la que vivía.
Posteriormente, fue trasladado junto a otros detenidos a una cancha deportiva e introducido en un camión para ser llevado supuestamente a la Escuela Miliar.
Aguilera Peñaloza fue visto por diferentes testigos en el cuartel clandestino de detención de la DINA, denominado “Cuatro Álamos”, donde no tuvo contacto con el exterior y estuvo siempre custodiado por guardias armados.
En julio de 1975, apareció su nombre en un listado de 119 chilenos fallecidos en el extranjero, en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad o por rencillas entre ellos mismos. Estos 119 nombres corresponden a las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la dictadura chilena (1973-1990) para encubrir sus desapariciones.
Dicha operación contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, donde se publicaron ediciones únicas de dos periódicos, “Lea” y “O Novo Día”, en los que se afirmaba que las víctimas murieron en luchas entre facciones internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, que fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores. Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
