La política de despidos masivos impulsada desde el Ejecutivo llegó a las áreas encargadas de promover los derechos humanos. En diálogo exclusivo con Política Argentina, Adriana Taboada, explicó cuál es el panorama y cuáles son las consecuencias de este “desmantelamiento”.
En primer lugar la nueva gestión desmanteló la dirección de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otras cosas, de recibir las consultadas sobre antecedentes para la designación de militares. También se dejó sin funcionar a la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central que investigaba la complicidad del sistema bancario y financiero durante la última dictadura cívico militar.
“En algunos casos, como en el Banco Central barrieron con toda el área, un área que tenía también una tarea muy específica que era poder investigar todo el proceso financiero en el terrorismo de Estado”, argumentó Taboada, perito en causas de lesa humanidad en representación de las víctimas.
Además agregó que “en otras áreas quedó afectada una tarea o tenes la dificultad para obtener información propia o bien la dificultad para que desde los juzgados y las querellas se obtengan información”.
Por otro lado se desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad que cumplían las funciones de la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura.
En este sentido a partir del informe realizado por la perito se observa que la única área que quedo en pie en ese ministerio se encarga de asistir a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía. Sin embargo la misma depende de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ex socio del defensor de Leopoldo Galtieri, según indican en Página 12.
“A partir del relevamiento en los ministerios de Seguridad, Defensa y Justicia y el Banco Central lo que uno va viendo no es improvisación de “echamos a los ñoquis y a los militantes políticos”, te das cuenta que hay una política bien diseñada, saben lo que quieren y empiezan por determinados lugares”, explica Taboada y agrega: “El objetivo es desmantelar o achicar de tal manera que se complique o dificulte la posibilidad de cumplir tareas y la dedicación de las personas que estaban trabajando en las distintas áreas”.
Dentro del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos es una de las que sufrió el mayor desmantelamiento.
¿Qué hizo esta dirección? Coordinaba pedidos de la Justicia en causas de lesa humanidad y articulaba con las fuerzas de seguridad en las investigaciones y operativos por apropiación de niños durante la dictadura De aquí surgió el informe de Prefectura para la causa ESMA Unificada que permitió comprender parte de la ruta que seguían los aviones para los vuelos de la muerte. También se obtuvo un informe sobre la Triple A para la causa que investiga Norberto Oyarbide y otro sobre la Superintendencia de Seguridad Federal para la causa del Primer Cuerpo del Ejército Por otro lado en el Ministerio de Defensa la Dirección Derechos Humanos produjo información importante a partir del análisis de documentación desclasificada de las Fuerzas Armadas; colaboró activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a los DDHH durante la dictadura y trabajó en la consolidación de las políticas del gobierno nacional de lucha contra la impunidad.
Por el momento la nueva gestión no dio nuevos trabajos y solo extendió por tres meses los contratos de todos los equipos de investigación que desarrollan su tarea en los archivos. Además la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ya no está consultando al área por los antecedentes ante la designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están ocupando cargos en la administración pública.
En el caso del Ministerio de Justicia, en el que se desarrolló el Programa de Verdad y Justicia para centralizar el trabajo de las áreas del Ejecutivo que intervenían en causas de lesa humanidad y que tuvo como tarea convocar testigos para que presten declaración en los debates orales, lo que ocurrió es que despidieron a 11 de los 50 trabajadores, entre ellos tres abogados que son nexo entre los tribunales y víctimastestigos. Una de ellas, en Salta, único contacto entre las víctimas y el tribunal. Además trasladaron el Programa, que salía de la Unidad del Ministerio de Justicia y pasa la secretaría de Derechos Humanos.
“Para los titulares salientes esto es un problema dado que estaría interviniendo desde un área que es querellante en las causas de lesa. Aunque el Programa anticipó esta dificultad, (el ministro Germán) Garavano avanzó con la reestructuración”, señalan desde el diario Página 12.
"No hay que subestimar y decir que son desprolijos. Es cierto que son desprolijos pero hay que sumarle la crueldad, acá hay crueldad. Despedir a alguien con un policía en la puerta es una falta de respeto total", concluyó Taboada.
