“Las normas anunciadas por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) podrían ser empleadas para otorgarle una inmunidad amplia a agentes del estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”, ha advertido la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en su nuevo análisis publicado este lunes.
Ha proseguido que “estas normas incluso podrían blindar la persecución penal de los casos conocidos como “falsos positivos”, que involucran la ejecución sistemática de nada menos que 3000 civiles cometida por brigadas del Ejército a lo largo de Colombia entre 2002 y 2008”.
El acuerdo de justicia anunciado con las guerrillas prevé la creación de una nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargaría de la mayoría sino de todos los casos de falsos positivos. Ciertas disposiciones del acuerdo permiten que las autoridades no persigan penalmente algunos casos.
Otra disposición podrían utilizarse para limitar el alcance de la responsabilidad de altos mandos por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los miembros del Ejército condenados por la Jurisdicción Especial podrían eximirse de cumplir tiempo en prisión, y aquellos que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria podrían ser liberados.
Por su parte, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha denunciado en la misma jornada del lunes que “el conjunto de ambigüedades y lagunas incluidas en el acuerdo podría garantizar que muchos de los responsables de falsos positivos, desde soldados de rangos inferiores hasta generales, no respondan ante la justicia por estos crímenes atroces”.
"Hasta ahora, los únicos que han pagado por los falsos positivos son los militares de bajo rango, y no los de alto rango, a pesar de que muchos de ellos ascendieron gracias a esos falsos positivos", ha agregado Vivanco durante una rueda de prensa en Washington.
La Administración colombiana presidida por Juan Manuel Santos y la guerrilla dieron inicio en noviembre de 2012 a negociaciones bilaterales en La Habana (capital de Cuba) con el fin de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, y hasta el momento han pactado cuatro de los seis puntos de la agenda, además de un plan de desminado y la creación de una Comisión de la Verdad.
Sin embargo, las partes no lograron cerrar el acuerdo de paz que tenían previsto para el 23 de marzo, por existir “importantes diferencias” entre ambos lados, según el principal negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
