Todos ellos aportaron pruebas contundentes en Bahía Blanca sobre el rol de La Nueva Provincia durante el terrorismo de Estado. “Lo que gravita ahí es un trasfondo de poder económico organizado”, advirtió a AgePeBA.
El próximo 19 de mayo tres fiscales recibirán el premio Rodolfo Walsh a la trayectoria por su actuación en la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca.
La Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata (UNLP) decidió galardonar a Abel Córdoba, Miguel Palazzani y José Nebbia “por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar”, entre ellos el caso de La Nueva Provincia y de su directivo, Vicente Massot.
“Que nos otorguen este premio es una grata sorpresa, sobre todo si consideramos lo que ha costado el avance en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, un trabajo histórico llevado adelante con muchos organismos de derechos humanos, fiscales y equipos de expertos”, dijo Córdoba al ser consultado por AgePeBA.
Luego de encabezar la Fiscalía de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Córdoba se hizo cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y, desde el 2015, está al frente de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico (Ufloe). Actualmente, interviene en dos juicios relevantes: el llamado “Narcoescándalo”, que involucra a varios policías de la provincia de Córdoba; y el de la ESMA, que está en su tramo final con el pedido de 52 perpetuas y otras 4 de entre 10 y 25 años de prisión.
A 40 años del Golpe de Estado, más de 660 genocidas fueron condenados, pero aún existe impunidad en torno a la participación civil en los delitos de lesa humanidad. El único empresario sentenciado hasta el momento es Marcos Levín, quien el pasado 28 de marzo recibió una pena de 12 años de prisión como co-responsable de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro de Víctor Cobos, empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA.
Para Córdoba, “algunas decisiones reflejan una intención de no llegar muy lejos con los procesos contra los responsables civiles”.
“Hay muchísima prueba que indica que los secuestros, las torturas y las desapariciones no pudieron llevarse a cabo desde las estructuras militares sin la participación de ámbitos civiles y empresariales, pero lo que gravita ahí es el poder que tienen algunas de las personas que están alcanzadas por las investigaciones, un trasfondo de poder económico organizado”, señaló el fiscal.
Un caso paradigmático es el de Vicente Massot. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca demostró que él y su familia no se limitaron a la publicación de editoriales y artículos en La Nueva Provincia para encubrir los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, sino que estuvieron involucrados en la persecución de dos obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ambos asesinados en junio de 1976.
Sin embargo, el juez de primera instancia de Bahía Blanca, Claudio Pontet, y luego los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, beneficiaron a Massot con la “falta de mérito”.
Nebbia y Palazzani apelaron esta decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque hasta el momento no hubo ningún pronunciamiento por parte del tribunal.
“El nivel de prueba que había cuando estuve a cargo de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, más las que sumaron después Nebbia y Palazzani, indican claramente la responsabilidad de Massot. En cualquier otro caso, no se hubiera dudado en habilitar el procesamiento y llevarlo a un juicio oral y público. Entendemos que la Cámara de Casación está en condiciones de destrabar esa situación”, consideró Córdoba.
Pero más allá de los trámites formales de cada proceso en particular, lo importante para el fiscal es que la sociedad defienda “de un modo continuo” las políticas de Estado que permitieron avanzar con los juicios de lesa humanidad, sobre todo cuando su continuidad es puesta en riesgo desde las más altas esferas de poder.
“Los juicios de lesa humanidad posibilitan seguir avanzando en otros aspectos, como la violencia institucional. Estos procesos deben ser la base del rechazo social a las violaciones de los derechos humanos que se dan con este tipo de prácticas”, subrayó Córdoba.
*Por Fernando M. López, Agepeba
