Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos dieron inicio a la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, como respuesta a la profundización de las políticas represivas en medio del “ajuste y el saqueo” que lleva adelante del presidente Mauricio Macri en todo el país.
“De la mano de la declaración de emergencia en materia de seguridad nacional, el traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano, y la aprobación del protocolo antipiquetes, cobró particular importancia el fortalecimiento y ampliación de las facultades policiales –y de las demás fuerzas de seguridad- para detener personas arbitrariamente”, explica el documento fundacional de la campaña.
El texto agrega que “las fuerzas han recibido directivas para usar a fondo todas las herramientas existentes para interceptar, pedir documentos, requisar y detener personas en cualquier momento y lugar (averiguación de antecedentes o detención para identificar, faltas y contravenciones, etc.), en una escalada que incluye bendiciones judiciales, como el fallo de principios de enero del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, o el posterior de la Corte que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser”.
Las organizaciones leyeron el documento ayer en Plaza de Mayo, tras movilizarse desde el Congreso, en coincidencia con el 25 aniversario de la detención, tortura y asesinato de Walter Bulacio.
“Desde la muerte de Walter para acá la lista de víctimas fatales de la violencia policial ya es de más de 4.700”, detalló la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, y advirtió que “la violencia de las fuerzas de seguridad contra los pobres no se va a acabar hasta que no se cambie el paradigma de un estado que necesita mantenerlos oprimidos para garantizar las ganancias y privilegios de los que manejan los negocios”.
“La campaña que lanzamos contra las detenciones arbitrarias es una necesidad imperiosa, porque las políticas de ajuste de este gobierno en apenas cuatro meses han venido acompañadas de la consolidación de normas y herramientas represivas, como el protocolo para protestas sociales”, subrayó.
Las primeras víctimas de la mano dura macrista fueron los trabajadores de Cresta Roja, quienes en diciembre último sufrieron la represión de Gendarmería con balas de goma, palos, gases y camiones hidrantes cuando se manifestaban en defensa de 5.000 puestos laborales. Unas semanas después, las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires arremetían con la misma brutalidad contra los 4.600 empleados que había despedido el intendente platense Julio Garro.
Desde la Correpi también señalaron los violentos operativos contra los manteros del barrio porteño de Flores y advirtieron que “desde hace semanas, en Salta, la policía viene recrudeciendo la persecución y represión hacia las personas trans”.
En este marco, las más de 80 organizaciones que se movilizaron hasta Plaza de Mayo convocaron a todos los que “no quieren vivir en libertad vigilada” a construir una campaña que “permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas”.
