En el ámbito judicial también apuntan a una red conformada por la jueza para detectar, a través de asistentes sociales a mujeres embarazadas de condición humilde para que ofrecieran sus hijos en adopción.
Velázquez había cobrado notoriedad en los medios por el caso de Ana Alianelli, una mujer pilarense, cuyas hijas debieron volver a vivir a Estados Unidos con su padre, nativo de dicho país, a pesar de la opinión contraria de las nenas.
Durante casi seis años, la doctora Alejandra Claudia Velázquez ocupó la titularidad del Juzgado de Familia N° 1 en Pilar. El pasado jueves, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en La Plata, suspendió a Velázquez de forma unánime y se le otorgó un apartamiento preventivo.
El procedimiento fue iniciado a raíz de la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de San Isidro que fue acompañado por la Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo. A mediados del año pasado, se había decidido denunciar y acusar a la jueza “por considerarla incursa en las causales de destitución previstas por los artículos 20 (delitos) y 21 (faltas) de la ley 13.661”.
Acusaciones
"Hay graves causas de mal desempeño; nunca vi tantas irregularidades como en este caso", describe una fuente con acceso al expediente. A la jueza se la acusa, por más de 600 expedientes firmados en su juzgado pero en su ausencia, mientras estaba de viaje.
También, de faltar al cuidado de los menores cuya guarda estaba a su cargo, de no visitarlos y desatenderlos totalmente. Pero lo más grave de todo apunta a menores precisamente: se habla de profundas irregularidades en cuanto a trámites de adopción, bajo la sospecha de recibir dádivas y regalos a cambio de beneficiar a parejas ricas afincadas en countries de Zona Norte con hijos entregados de forma exprés.
Fue precisamente el pedido de la jueza de una lista de espera de padres con nombres y apellidos a un organismo porteño lo que disparó la investigación de la Corte bonaerense y las denuncias en su contra. Según publica el portal Infobae, una fuente afirma que "se aprecia una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas, también una alteración de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Aparece gente que en muy pocos meses se lleva un bebé. También, el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Se habla de regalos y dinero que llegaba al juzgado, por otra parte".
Sin embargo, el detalle más escalofriante de la de denuncia radica en una orden emitida por la jueza Velázquez al personal técnico de su juzgado. Según describen los propios empleados del Juzgado, “(Vélazquez) habría ofrecido a trabajadoras sociales del Cuerpo Técnico del Tribunal a su cargo, que visitaran por barrios carenciados de la zona de Pilar a cambio de una retribución económica, para dar con mujeres embarazadas que no pudieran hacer frente a la crianza de sus hijos, ya que numerosos matrimonios acaudalados de los countries de la zona pagarían convenientemente por dicha tarea".
