El fiscal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) José Nebbia denunció a agentes de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina y a integrantes del Grupo G-1 por su presunta responsabilidad en un “ilegítimo y violento” procedimiento llevado a cabo el 30 de marzo pasado en un edificio ubicado en el barrio porteño de La Boca.
En esa ocasión, alrededor de las 7:00 miembros de esa fuerza irrumpieron en el edificio emplazado en la calle California 671 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de lograr la detención de un hombre, ordenada por el juez Pablo Raúl Ormaechea, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18.
En ese contexto, los policías –pese a tener conocimiento previo de que el edificio contenía al menos 14 unidades funcionales autónomas- ingresaron y requisaron las distintas viviendas familiares, procediendo de manera “violenta e ilegal” en cada una de ellas, a pesar de que ni siquiera se encontraban abarcadas o contenidas en la orden judicial.
“En todas las viviendas, ordenaron que los moradores se arrojaran al piso, le sujetaran sus manos con precintos plásticos, y luego procedieron al registro de cada uno de los domicilios”, indica la presentación de la Procuvin. El operativo se extendió durante dos horas, período durante el cual los agentes apuntaron con sus armas a las personas que allí habitan, entre ellos niños y ancianos. Las víctimas indicaron que les negaron la orden de allanamiento y que recién pudieron acceder a la misma cuando uno de los policías dejó olvidada una copia en una de las viviendas.
De acuerdo al relato de una de las víctimas, su hijo de 16 años resultó herido cuando, al no responder a las órdenes de la policía como consecuencia de una discapacidad de nacimiento (microencefalia), fue arrojado al piso y sufrió heridas en la cabeza y el brazo, por lo que debió ser trasladado posteriormente al Hospital Elizalde.
La denuncia de la Procuraduría especializa recordó que el allanamiento como acto procesal supone una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio consagrado en la carta magna, razón por la cual debe emplearse siempre con carácter restrictivo. Por el contrario, las declaraciones de diversos testigos del hecho coinciden en reforzar la hipótesis “que entendemos delictiva en orden al ilegítimo y violento procedimiento realizado por la fuerza de seguridad referida”, indicó Nebbia.
En ese marco, la Procuvin solicitó que se disponga la producción de una serie de medidas de prueba.
