Fuentes oficiales informaron este lunes que el informe elaborado por técnicos de la Cámara Alta brasileña determina que no existen indicios de que Rousseff tomara parte en los manejos presupuestarios que conllevaron la apertura del impeachment en contra de la mandataria.
Según el documento, que consta de 223 páginas y fue realizado a petición de la defensa de Rousseff, la suspendida jefa de Estado fue presuntamente responsable de la emisión de una serie de decretos que “alteraban” los presupuestos “sin la pertinente autorización del Congreso”, pero no cometió crimen alguno que merezca su destitución.
El Senado divulgó una nota en la que constata que sus técnicos no encontraron pruebas de que Rousseff participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, como se le acusa, lo cual hubiera constituido una violación de las leyes fiscales y terminaría con la destitución de la jefe de Estado.
No obstante, los que apoyan al presidente interino, Michel Temer —ahora enemigo y antes aliado de Rousseff— aseguran que el documento solicitado por la comisión del juicio político del Senado, no cambia las mínimas posibilidades que tiene la mandataria de regresar a ocupar su cargo.
Ese informe será sometido a principios de agosto en el pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue. Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.
En entrevista con Radio Guaiba, Rousseff dijo que la auditoría muestra que no existe base legal para llevarla a juicio e insistió en que podría convocar a un plebiscito sobre el futuro político de Brasil en caso de regresar a la presidencia.
La mandataria fue acusada por la oposición de “maniobras irregulares para maquillar” los resultados del Gobierno en 2014 y 2015. Sin embargo, ella ha cuestionado en diversas ocasiones la legalidad del juicio político en su contra e insiste en que el impeachment carece de toda base legal.
