Se trata de José Néstor Ferrer, cuya defensa había pedido el “cese de la prisión preventiva” que cumple por su presunta responsabilidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos de los detenidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó en el barrio Floresta, de esta capital.
Las fuentes indicaron que el caso de Ferrer podría ser elevado a juicio oral y público en los próximos meses y que esa fue una de las razones que tuvo en cuenta la “sala de feria” de la CFCP para desestimar el pedido.
Los camaristas Eduardo Riggi y Juan Gemignani coincidieron con el Tribunal Oral Federal Uno (TOF 1), que desestimó el pedido de la defensa de Ferrer, detenido en setiembre de 2012 por orden del juez Daniel Rafecas, luego de mantenerse prófugo.
Rafecas está a cargo de la investigación de delitos aberrantes cometidos en lo que fue la jurisdicción del Cuerpo I del Ejército durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
A Ferrer se le atribuye “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas” en al menos dos casos y “homicidio agravado por alevosía”, que habrían sido perpetrados el 14 de setiembre de 1976 contra Ana María del Carmen Pérez, su cuñado Gustavo Gayá, y su esposa Estela María Moya.
Para oponerse al cese de la prisión preventiva de Ferrer, Riggi y Gemignani evaluaron “la especial gravedad de las penas previstas en los tipos penales en cuestión” y “las particulares características y naturaleza de los hechos concretos que se le atribuyen al encausado”.
También “la negativa incidencia que podría tener la hipotética libertad del procesado sobre la posibilidad de recoger elementos de convicción que resultarían de interés para la causa y la extrema complejidad en la sustanciación de dicha causa”.
La fecha de inicio del debate oral y público en el que Ferrer se sentará en el banquillo de los acusados está prevista para el 4 de octubre próximo.
