(21/09/16 - Desaparecidos en Democracia)-.Un informe elaborado por la Unidad Fiscal de La Plata que lleva adelante la pesquisa por la desaparición hace diez años de Julio Jorge López, a cargo del fiscal Marcelo Molina (foto), reconoce que las principales líneas de trabajo están centradas en los cruces de las llamadas telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde fue visto por última vez (el barrio de Los Hornos, en la periferia de La Plata, dónde vivía) y en el cotejo de las huellas dactilares del desaparecido con las de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
El documento se dio a conocer horas después de que Rubén López, hijo del desaparecido, criticara ácidamente el estado de la investigación, lo que también hicieron diversos manifestantes.
La investigación está a cargo de la unidad cuyo jefe es Molina desde el 18 de septiembre de 2009, a tres años de la desaparición del testigo, y fue querellante en el juicio que condenó a Miguel Etchecolatz a prisión perpetua.
El informe, presentado el viernes por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, reseña que pese a los insistentes reclamos que desde 2014 realiza la fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de una fuerza "especializada en delitos complejos", es la denominada "Comisión Caso López" de la Policía Federal la única que trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
La causa se compone de 45 cuerpos principales, con 59 legajos y 74 anexos que "se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal", más los cuerpos y anexos durante los primeros meses de la investigación cuando estaba en manos de la justicia ordinaria.
En cuanto al cruce de llamadas, calculadas en más de cinco millones de registros, la fiscalía solicitó a las empresas prestatarias no destruir los registros aún después de cumplidos los 10 años que están obligadas a preservar.
Sobre el cotejo de huellas dactilares, la fiscalía observó la necesidad de conformar un "registro nacional de personas NN a través del cual se facilite el acceso a las huellas digitales de esos cuerpos", para acelerar la tarea de cotejo.
Otra pista analizada se refiere a las personas que López mencionó como integrantes de fuerzas de seguridad y 'patotas' a cargo de la represión mientras se produjo su primer secuestro y desaparición -entre octubre de 1976 y junio de 1979- que "en su mayoría" fueron juzgados y condenados, otros elevados a juicio y el resto procesados.
El fiscal Molina dio cuenta también de hipótesis cerradas y observa que aún la Cámara Federal de La Plata no resolvió el recurso de apelación de la fiscalía contra la resolución que procesó a seis de los siete imputados del Servicio Penitenciario Federal por "omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio", que los fiscales les imputaron en la causa por diversas irregularidades detectadas en el registro de visitas al pabellón de detenidos en la cárcel de Marcos Paz entre 2006 y 2007, donde se encuentra alojado el represor Miguel Etchecolatz.
Rubén López
El informe de Molina presentado por Auat llega en un momento en que arrecian las críticas a la actuación de la justicia. El jueves pasado, Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, evaluó que no hay avances en la investigación y tras criticar el desempeño de la fiscalía a cargo de la pesquisa remarcó que "lo que no se investigó, se perdió".
"Son 10 años de injusticia y de no recibir información, es difícil tratar de explicar lo que uno no entiende", expresó Rubén López en diálogo con Télam, luego de entrevistarse junto a su hermano Gustavo con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para delinear estrategias a partir de la decisión del Estado nacional de presentarse como querellante en la causa.
El hijo del testigo aseguró que siente "mucha bronca y dolor" por la actuación de la Unidad Fiscal que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata.
"Hace unos días tomé conocimiento de que el fiscal Marcelo Molina estaba pidiendo a las compañías telefónicas que no borren los registros de los celulares captados hace 10 años por la antena que corresponde a la zona de Los Hornos (donde vivía el testigo desaparecido)", contó y se preguntó: "¿qué hicieron durante estos 10 años para pedir ahora que por favor no los borren?".
Para López, se trata de "desidia, mala intención e incapacidad". Y sentenció: "lo que no se investigó, se perdió".
Sostuvo además que no tiene trato con el fiscal Molina, desde que lo Molina lo acusó de haber intervenido -presuntamente- en la desaparición de su padre.
"Con Molina no hablo desde hace más de dos años, desde que armó una causa en mi contra", remarcó y detalló que una pista aseguraba que junto a un amigo habrían tramado la muerte de su padre a partir de una lectura de labios en un video.
"Según el fiscal había un cabo suelto y decidió investigar", dijo.
"Es obvio que no les enseñaron o no aprendieron a investigar, aunque dejo abierta la posibilidad que les hayan dicho 'esto no lo investiguen'. Si es así, tendrían que admitirlo", enfatizó.
