El nuevo nombramiento originó la reacción de los padres de Ayotzinapa, que lo consideraron mediante uno de sus abogados como "un espaldarazo" para el cuestionado funcionario.
"Es un mensaje político de una posible crónica de una absolución anunciada", dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que asiste a los familiares de los estudiantes desaparecidos, a Radio Fórmula.
Patrón afirmó que su nuevo cargo en el órgano que asesora al presidente en materia de seguridad depende directamente del primer mandatario y va en sentido contrario de la investigación interna a la que estaba sujeto Zerón.
"El mensaje político alrededor de su salida nos parece que no es el más adecuado. Él no sale para posibilitar una investigación profunda, sobre la posible violación al derecho a la verdad de los padres", consideró el letrado, citado por la agencia DPA.
Los familiares de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 exigían la destitución de Zerón, a quien acusan de "ocultamiento de la verdad" en las pesquisas del caso, aún irresuelto.
El pasado 18 de agosto, los padres anunciaron la ruptura del diálogo con el gobierno hasta que se produjera la salida del director de la AIC.
Con los avances de la investigación que la PGR ya tiene sobre una diligencia emprendida por el funcionario que no está registrada en el expediente del caso "hay elementos suficientes como para separarlo de su cargo", aseguró entonces a EFE el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz.
"Para nosotros está claro que Zerón forma parte del ocultamiento de la verdad, y mientras él siga al frente de esta dependencia, no confiamos en el trabajo de la PGR", aseveró.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones mostró a los medios en abril un video sobre la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 por Zerón junto a uno de los detenidos por el caso en el río San Juan.
Fue allí donde, según la versión oficial, miembros del cartel Guerreros Unidos arrojaron las cenizas de los jóvenes tras asesinarlos e incinerarlos en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, estado sureño de Guerrero.
También fue allí donde el 29 de octubre de 2014, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 jóvenes.
Una foto divulgada por el GIEI muestra que esa bolsa fue etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó en su momento a un error de la perito responsable de marcarla.
El funcionario dijo entonces que todo fue "legal" y que su presencia en el lugar obedeció a "un acto de investigación policial" previo a "una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente".
La presencia de Zerón en el sitio y el supuesto error de etiquetado generaron suspicacias de que la bolsa hubiera sido colocada por el funcionario para apuntalar la versión oficial de los hechos, que los padres no aceptan.
A las pocas horas, Peña Nieto, quien ostenta el más bajo índice de aprobación de sus algo menos de cuatro años de mandato y sufrió un reciente pedido de referendo popular para destituirlo, nombró a Zerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
