Tres ex policías federales y un ex agente de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) serán juzgados desde este martes en la ciudad de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura para los grupos de tareas que actuaron en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", un enclave local de la Operación Cóndor asociado principalmente a la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos.
En el debate, cuyo comienzo se prevé para las 10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, serán juzgados el ex agente de la SIDE César Alejandro Enciso, el ex principal de la Policía Federal que prestó servicios en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, José Néstor Gerrer, y los ex inspectores de la División de Asuntos Extranjeros de esa fuerza, Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. Esos eran los cargos y lugares en los que se desempeñaban los acusados al momento de los hechos.
Las audiencias del juicio se llevarán a cabo todos los lunes y viernes a partir de las 10.00. Estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, el mismo que en mayo pasado dictó la sentencia en la que se probó la asociación ilícita transnacional de las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor. En aquél juicio también se juzgó un segundo tramo de los hechos de Automotores Orletti -el primer juicio fue en 2011-, por los que terminó condenado el ex agente de la SIDE, Miguel Ángel Furci. También intervendrá la misma fiscalía, encabezada por el fiscal general Pablo Ouviña, quien contará con la colaboración del personal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
Una de las particularidades de la acusación tiene que ver con la situación de Enciso, quien será juzgado sólo por el delito de privación ilegal de la libertad agravada de cuatro víctimas, pese a que hay elementos de que participó en otros delitos que afectaron a una mayor cantidad de personas. Eso se debe a que el acusado fue extraditado desde Brasil y que, en el acuerdo arribado con el gobierno de ese país, Argentina aceptó restringir la acusación.
En efecto, Enciso será juzgado en carácter de autor de las privaciones ilegales de la libertad agravadas de Gerardo Francisco Gatti Antuña, Julio César Rodríguez Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Silvia Navaja, quienes permanecen desaparecidos desde sus secuestros perpetrados entre junio y julio de 1976.
Ferrer, por su parte, se encuentra acusado en calidad de autor del operativo que derivó en la privación ilegal de la libertad de Ana María del Carmen Pérez y Gustavo Gayá, y en el homicidio agravado de Estela María Moya de Gaya. El procedimiento ilegal fue realizado el 14 de septiembre de 1976 en la avenida Forest 1010 de Buenos Aires. Los cuerpos de Pérez y Gayá aparecieron luego, con los de otras víctimas de "Orletti", en tambores de 200 litros rellenos con cemento que fueron arrojados a las aguas del canal de San Fernando.
Nerone y Gutierréz, en tanto, están imputados por su intervención en calidad de autores materiales en la privación ilegal de la libertad agravada de Lucía Victoria Grisonas (desaparecida) y en el homicidio agravado de su esposo, Mario Roger Julien Cáceres, durante un procedimiento llevado a cabo en Mitre 1050 de la localidad de General San Martín, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976 por miembros del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en coordinación con el Grupo de Tareas 5 de la SIDE.
El centro clandestino de detención "Automotores Orletti" funcionó en la calle Venancio Flores 3519/21 de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con las investigaciones judiciales, se trató de un inmueble alquilado el 11 de mayo de 1976 por agentes de la SIDE -algunos de los cuales utilizaron nombres falsos para concretar la operación- a una firma denominada "Cortell Automotores SACIF". El lugar funcionó con esas caraterísticas ilegales hasta el 3 de noviembre de 1976, según se acreditó judicialmente
Cuando describió la inserción de este centro clandestino en la Operación Cóndor en su alegato durante aquél juicio, el fiscal Ouviña describió: "Este centro clandestino tuvo la particularidad de alojar principalmente a personas pertenecientes a organizaciones políticas extranjeras, especialmente de Uruguay, Chile y Bolivia, y en este sentido también se ha comprobado que fue utilizado por miembros de las fuerzas represivas de esos países, quienes actuaban coordinadamente con la 'Banda de Gordon' [por el inorgánico, Aníbal Gordon, miembro de la Triple A], entre los que se encuentra el acusado Manuel Cordero Piacentini", militar uruguayo condenado recientemente. Y recordó que Orletti era conocido como Base O.T.1.8 en el cifrado lenguaje de los espías.
En aquella exposición, el fiscal hizo hincapié en el antisemitismo que caracterizó a los represores de Orletti y señaló que la planta alta estaba destinada a los "interrogatorios bajo tortura" donde había "una máquina con que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás, y que las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso que había sido inundado de agua y sal gruesa".
