La denuncia del Fiscal Marijuan contra todas las Universidades nacionales es una burda maniobra que pretende desprestigiar a la Universidad Pública.
El gobierno nacional aplica el ajuste sobre los salarios al quedar los incrementos salariales por debajo de la inflación. El actual presupuesto universitario ya de por si insuficiente fue también carcomido por la devaluación, inflación y aumento de tarifas.
El presupuesto 2017 presentado al congreso es un presupuesto que promete mas ajuste sobre las universidades y los distintos organismos de ciencia y técnica.
Ante ello desde la CONADU Histórica junto al conjunto de la docencia universitaria y los trabajadores de los otros organismos de ciencia y técnica nos movilizamos en rechazo a estas medidas con cada vez mayor repercusión en la sociedad. Justo en este momento el fiscal Marijuan realiza una denuncia penal por malversación de fondos a todas la universidades nacionales por sospechas de mal uso de las partidas presupuestarias giradas sobre fines del año pasado.
Esta denuncia tiene que ver centralmente con una maniobra de desprestigio hacia el conjunto de las universidades para justificar el ajuste sobre la educación, la ciencia y la tecnología. Desprestigiar a la educación pública para avanzar en las políticas de elitizacion, mercantilización, achicamiento y arancelamiento de la Universidad Publica. Este es el proyecto del actual gobierno.
Desde la CONADU Histórica siempre hemos denunciado a las autoridades universitarias que junto a los sectores de poder toman como botín a las instituciones universitarias, se han convertido en verdaderas patronales siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo tipo de prebendas y negocios .
El gobierno actual utiliza los escándalos del pasado inmediato para justificar el ajuste del presente y la reconfiguración de los distintos sectores dominantes en la disputa por el dominio de las estructuras universitarias. Hoy en la UBA se está por consumar el enésimo negocio con el hospital de clínicas por lo menos por 130 millones de dólares. Ya por estos negocios con el Hospital tuvo que renunciar en su momento el decano de la facultad de ciencias económicas, envuelto en el escándalo.
El reciente nombramiento del productor televisivo Avila como coordinador de los hospitales universitarios a nivel nacional es una puerta a los negociados con la salud en el sistema universitario? Ya Avila fue propuesto como Secretarios de Politicas Universitarias al inicio de este gobierno y el rechazo contundente de la comunidad universitaria lo impidió.
También han salido a la luz pública la utilización de las universidades para tercerizar la contratación de trabajadores en otras dependencias del estado. Escandaloso ha sido el caso de la UTN “”elegida”” para derivar mas de 4.000 millones de pesos a Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz.
Durante 19 años la Universidad Nacional de Tucumán fue socia privilegiada de la megaminería contaminante de la Alumbrera. Con esas “rentas” se financiaron obras (muchas inconclusas) con sobreprecios a tal nivel que el ex rector Cerisola está imputado por la justicia federal.
Los negocios audiovisuales nos llenaron estupor a todos cuando se supo que la universidad de San Martín pagó $36 millones a Andrea del Boca para realizar una novela.
Las universidades son un botín disputado por los sectores dominantes no solo por intereses económicos de manejar de acuerdo a sus intereses y con sus negocios el presupuesto y la estructura universitaria sino además para orientar la formación e investigación en función del modelo de país que pretenden imponer. Desde los gobiernos se utiliza la distribución
presupuestaria arbitraria para subordinar a la universidad para estos fines.
La todavía vigente Ley de Educación Superior fue la base legal que potencia esta verdadera apropiación de la universidad. Es la Ley que permite que los sueldos de las autoridades universitarias se definan en cada universidad “”con autonomía”” y hoy implica que hay rectores , decanos y funcionarios con sueldos de “”empresarios””.
Es la Ley que estimuló a fondo la utilización de los denominados fondos propios, originados en convenios con empresas, ventas de servicios, incluso aranceles de diversas funciones universitarias constituyendo verdaderos “”presupuestos paralelos”” al del estado. Es la ley que promueve la concentración del poder y la constitución de verdaderas camarillas en algunas universidades en las cuales cooptan el cogobierno de los claustros y lo convierten solo en una figura decorativa.
Por ello exigimos la inmediata derogación de la Ley de Educación Superior que al mercantilizar la educación superior es la madre de todos los negocios y negociados.
Rechazamos la distribución arbitraria del presupuesto basada en el sistema de amigos y enemigos, como volvió a expresarse este año, y exigimos no solo aumento del presupuesto sino una distribución equitativa y ejecución transparente garantizando sean auditadas por todos los claustros democráticamente.
