“Nos preguntamos por qué estamos acá, si no robamos nada. Pasa el tiempo y nos empezamos a bajonear (…) lo que tendría que empezar a hacer Mauricio Macri es cumplir con la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dijo el sábado Sala en declaraciones concedidas a la emisora cubana Radio Rebelde.
La líder de la organización social Tupac Amaru fue arrestada el pasado 16 de enero por el orden del Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri —sin la presencia de ningún funcionario judicial—, lo que ha generado masivas protestas y movilizaciones.
Según un comunicado conjunto difundido el pasado octubre por Amnistía Internacional (AI), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), “el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas decidió que 'la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria' y, en consecuencia, solicitó 'al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato'”.
Sala cuestionó también al Poder Judicial de Jujuy (norte de Argentina) por no acatar la medida del organismo mundial y criticó la actuación del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, recalcando que “el Poder Judicial no tiene independencia, está gobernado por él” y el peronismo está cooptado.
Eso se produce después de que Sala pidiera el miércoles mediante una carta juramentar como diputada del Parlasur (Parlamento del Mercosur) desde la cárcel de Alto Comedero en Jujuy, donde se encuentra detenida.
El arresto de Sala se fundamenta en una imputación por su supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real", mientras que, a juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, dicho encierro es sinónimo de criminalización a la protesta.
