Uno de los acusados, Ricardo Rubén Sosa, era empleado del área de logística de la ex ESMA y realizó 16 llamados al conmutador del predio de la Avenida del Libertador al 8100, en el barrio porteño de Núñez, donde tiene su sede desde enero pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y funcionan diversos organismos de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Museo de las Islas Malvinas.
El otro, Francisco Martuscelli, está procesado por un llamado al 911 con una falsa amenaza de bomba hecho desde un domicilio en el barrio porteño de Caballito, donde se lo apresó.
La causa es investigada por el juez federal Luis Rodríguez, quien excarceló a ambos tras tomarles declaración indagatoria.
Los dos fueron procesados y, ahora, el fiscal pidió enviarlos a juicio y, al mismo tiempo, continuar con la investigación en busca de responsables de otras amenazas recibidas en el predio.
Según un informe de la Policía Federal entregado al juez, los operativos de seguridad hechos ante cada una de esas amenazas y la evacuación de unas 1.500 personas tuvieron un costo de unos 3 millones de pesos para el Estado, suma que se fijó como embargo a los acusados.
Sin embargo, y solamente hasta comienzos del año en curso, las amenazas telefónicas recibidas desde comienzos de 2015 llegaron a medio centenar, cantidad que más que triplica las atribuidas a los procesados.
Durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos de la Nación, le estaba prohibido a los miembros de las fuerzas de seguridad y militares ingresar al predio portando armas.
A consecuencia de las reiteradas amenazas, sin embargo, quien a la muerte de Duhalde lo sucedió en el cargo, Martín Fresneda, no sólo prohibió que el personal estacionara sus vehículos dentro del predio sino que autorizó la presencia permanente de un camión del Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y su dotación.
Los continuos desalojos del predio provocaron varias manifestaciones de protesta por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pero jamás consiguieron que Fresneda visitara el predio para coordinar con sus trabajadores modos de amortiguar los efectos de unas amenazas que impedían el normal desarrollo de las actividades y ahuyentaban al público.
Elementos decomisados
En la casa de Sosa, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora se secuestraron 22 teléfonos celulares, 13 tarjetas SIM y siete chips.
“El acervo probatorio reunido durante la instrucción del presente sumario resulta suficiente a juicio del suscripto para tener por acreditada la responsabilidad de los imputados en cuanto a los hechos que se le reprochan”, consideró Picardi.
El fiscal pidió que se los juzgue por "intimidación pública", que contempla penas de dos a seis años de cárcel.
“Los imputados Sosa y Martuscelli tuvieron como finalidad la de quebrantar la tranquilidad pública, específicamente, impedir el normal desenvolvimiento del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, remarcó Picardi al pedir el envío a juicio.
