Pero el problema es aún más grave, ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
Así lo señala en un comunicado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que obtuvo datos oficiales a través de solicitudes de acceso a la información y con los que elaboró el informe “Violencia sin interrupción”.
Puntualiza, asimismo, que Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global lanzaron en Latinoamérica la campaña “Niñas, no madres”, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre, y apunta que las cuatro organizaciones coincidieron en que “el embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”.
Luego de destacar que en Latinoamérica 40% de las adolescentes ha sido abusada sexualmente, precisa que las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia sexual se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso.
De acuerdo con el GIRE, la depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar, son algunos de los efectos de las maternidades forzadas, como lo documenta el informe titulado “Vidas Robadas”, recientemente publicado por Planned Parenthood Global.
En el caso de México, sostiene, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, pese a que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, hayan resultado embarazadas, pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.
Y señala que pese a la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún aborto legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. Y la Secretaría de Salud federal simplemente dijo que no contaba con esa información.
Según el GIRE, en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultan embarazadas cada día, y en Perú cuatro se convierten en madres. En Ecuador, sólo en 2014, mil 963 niñas tuvieron un parto, mientras que en Nicaragua ocho de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años.
“Estamos ante una grave problemática de salud pública y derechos humanos que afecta a toda la región. Es urgente que los Estados cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral, lo cual incluye el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva tales como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo”, señalan las cuatro organizaciones.
Forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida y hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija. Asimismo, es muy probable que si se encontraban en situación de pobreza, permanezcan en esta condición en la siguiente generación, concluye el comunicado.
Fotografía: Mujeres protestan contra los feminicidios en la CDMX (AP, Marco Ugarte)
