Ravina Shamdasani, vocera de la oficina, dijo que el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein está "alarmado" por las alegaciones de asesinatos extrajudiciales, destrucción masiva de infraestructura civil, arrestos arbitrarios y violencia sexual, y denunció el aumento del discurso del odio contra esta comunidad.
"El gobierno tiene que condenar esta retórica inflamatoria, potencialmente muy peligrosa, sean quienes sean los responsables. Si no lo hace, cabe el riesgo de que la espiral de violencia se exacerbe", sostuvo la portavoz, en declaraciones tomadas por la agencia de noticias EFE. El brote de violencia contra la minoría musulmana comenzó tras el ataque, el 9 de octubre pasado, a tres puestos fronterizos de Myanmar con Bangladesh. La operación de represalia de las Fuerzas Armadas causó, según datos del Ejército, la muerte de 69 sospechosos y 17 soldados y el arresto de 434 personas.
Al menos 30.000 civiles fueron desplazados y la asistencia humanitaria para más de 150.000 personas se suspendió durante más de 40 días. Las autoridades cerraron ese Estado a la ayuda exterior y los medios de información extranjeros.
Miles de rohinyas buscan una salida, algunos por la frontera con Bangladesh en busca de alimentos, agua y medicinas, pero, de acuerdo con Amnistía Internacional, muchos son repatriados a la fuerza.
Las autoridades birmanas consideran emigrantes bengalíes a la comunidad rohinya que habita en el país, en torno a 1,5 millones, y les niegan la condición de etnia birmana, mientras que Bangladesh también los trata como extranjeros. Es por ello que son considerados apátridas.
Desde la ONU, el alto comisionado "condena" el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad e insistió en que las autoridades no pueden "ignorar" lo que está ocurriendo. "Es esencial que se permita el acceso a las zonas donde se encuentran los rohinyas", solicitó la vocera, quien dijo que los derechos de los desplazados deben respetarse en aplicación de la ley internacional.
"El gobierno del país está obligado a velar por los derechos de todos aquellos que residan en su territorio", cerró Shamdasani y manifestó la decepción de la ONU con la pasividad del gobierno ante un informe que denunciaba las repetidas violaciones de sus derechos y que sugirió la posibilidad que el patrón de violaciones contra la comunidad pueda constituir crímenes contra la humanidad. Ayer, la Organización Nacional Rohinya Arakan (ARNO) reclamó la intervención de la ONU y la comunidad
internacional en su caso.
"El Ejército birmano y las fuerzas de seguridad han matado a más de 500 personas, violado a centenares de mujeres y quemado unas 2.500 casas, destruido mezquitas y madrasas, y perpetrados otros actos inhumanos", señaló la ARNO, con sede en el Reino Unido, mediante un comunicado distribuido en la región.
La organización indicó que estaban documentados delitos de genocidio y contra la humanidad en Rakhine, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma, el instrumento por el que se constituyó la Corte Penal Internacional. ARNO reclamó la "intervención urgente" de la ONU para "proteger y salvar vidas de más de un millón de personas inocentes" y exhortó para que se abra una investigación internacional imparcial que investigue los crímenes cometidos contra los rohinyas.
