Desde la tarde del 16 de agosto de 2002, unos 100 integrantes de la Policía formoseña "sitiaron por más de 40 horas a la comunidad Nam Qom" con el "pretexto de investigar la muerte de un integrante de esa fuerza, dispararon con balas de plomo y detuvieron de forma arbitraria a más de 80 personas, entre ellos ancianos y niños", reseño un comunicado del organismo de derechos humanos.
Además, allanaron viviendas y muchas víctimas "fueron amenazadas, golpeadas y sometidas a sesiones de torturas" mientras les gritaban "indios de mierda", relató el CELS, entre otros detalles de esa "represión brutal".
"Durante el operativo ilegal estuvieron presentes el juez de la investigación Héctor Ricardo Suhr y el procurador general de la provincia Carlos Ontiveros, quienes avalaron el accionar de las fuerzas de seguridad y participaron de las graves violaciones a los derechos humanos", subrayó.
Siempre según el organismo, "estos hechos quedaron en la impunidad por falta de respuesta política y judicial", por lo que en el 2005 "la comunidad debió recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el acompañamiento del CELS".
En 2011 se realizó una audiencia ante la CIDH para discutir la admisibilidad del caso, y dos años después la Comisión de la OEA dio curso al pedido y solicitó a las partes alegar sobre las violaciones de derechos humanos.
"Hasta el día de la fecha el Estado argentino no respondió a los argumentos que dio el CELS en 2013 durante la etapa de alegatos escritos", puntualizó el comunicado.
La audiencia de mañana contará con "el testimonio de Israel Alegre, vocero de la Comunidad, y se desarrollarán los argumentos de fondo, como paso previo al dictado del informe final de la CIDH".
