“No perdamos el foco. Nuestra prioridad es la descontaminación total”, dijo durante la protesta en la isla-municipio, minutos antes de una reunión donde la Marina informó a la comunidad sobre el estatus de la limpieza de bombas, balas y chatarra, que dejó tras el cese de las maniobras militares en 2003. Los manifestantes pidieron que termine la quema de vegetación y la detonación abierta de municiones que lleva a cabo el cuerpo castrense como parte del plan de restauración ambiental.
La Marina tardará “unos diez años” para terminar la limpieza terrestre, y “de 15 a 20 años adicionales”’ para la descontaminación subacuática. Así lo indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el supervisor del proyecto de restauración que lleva a cabo esa rama militar, Dan Waddill.
La Marina está llevando a cabo la quema de vegetación en abierto desafío a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA). La agencia no autorizó esa práctica, según una carta dirigida al cuerpo castrense en septiembre de 2016.
“Las bombas que creíamos que habían desaparecido van a estar latentes. Una cosa es el ruido al desactivarlas. La otra el impacto ambiental. Esto le plantea un problema grande a la Junta de Calidad Ambiental, y al Gobernador. ¿Cuál es su posición?”, cuestionó Guadalupe.
“Mientras la Marina siga con la estrategia de quemar y detonar al aire libre, los tóxicos que se levantan con el polvo pueden llegar a la comunidad. Los viequenses ya han sufrido y van a seguir sufriendo los efectos de los tóxicos en el aire”, añadió por su parte Cruz María Nazario, epidemióloga y profesora en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.
Las maniobras terrestres, navales y aéreas se llevaron a cabo en unas 15,000 cuerdas del este de Vieques, en casi el 44% de toda el área de la isla-municipio. “Toma tiempo cubrir todo el terreno y la seguridad es parte del proceso”, alegó Waddill. “Las municiones pueden explotar y lastimar a los trabajadores. Dos terceras partes de nuestra fuerza de trabajo son residentes de Vieques. Estamos tratando de proteger a nuestros trabajadores”.
En 2007, la Agencia de Protección Ambiental federal, la Marina, el Departamento de Interior de EEUU y la JCA llegaron a un acuerdo para limpiar los terrenos. Diez años más tarde, los manifestantes en las afueras de la reunión con funcionarios federales exigieron que la limpieza se lleve a cabo de la manera más rápida y segura para los viequenses. Entre estos se encontraban líderes históricos de las protestas contra la Marina como Myrna Pagán, Robert Rabin y Nilda Medina. Fueron parte de la coalición de todos los partidos políticos puertorriqueños y organizaciones civiles que presionaron al gobierno federal para terminar las maniobras militares en 2003.
Miguel Ángel Reyes, quien vive en el barrio Monte Carmelo, a pasos del antiguo campo de tiro, sostiene que el proceso de limpieza causa que los residentes experimenten el humo de la quema y escuchen el estallido de las bombas, casi como cuando había prácticas militares. “Hace como un mes hubo una detonación tan fuerte que mi casa tembló”, sostuvo. “Desde mi casa veo el humo en forma de hongo después de las explosiones”, dijo.
El presidente de la JCA hasta enero de este año, Weldin Ortiz Franco, dirigió una carta a la Marina indicando que no aprobaba el plan de limpieza con quema abierta. Vanessa Villafañe, directora del área de calidad de aire la JCA, indicó que la agencia no había cambiado de postura hasta el momento de la reunión de la pasada semana con la Marina.
Waddill, el supervisor del proyecto de limpieza, dijo al CPI que la Marina está quemando vegetación en una zona de 75 cuerdas al extremo este de la isla, donde se concentraban las prácticas militares más intensas. Allí se pueden encontrar desde proyectiles de 16 pulgadas disparados por buques de guerra, pasando por explosivos de 200 libras y hasta las llamadas bombas de racimo que, tras ser lanzadas desde el aire, liberan a su vez pequeñas bombas, sostuvo Daniel Hood, gerente del proyecto para extraer las municiones terrestres y submarinas.
Estos proyectiles pueden permanecer activos bajo tierra por mucho tiempo, provocando daños en la población después de episodios de guerra o, en este caso, de prácticas de tiro, añadió Hood
La Marina sostiene que esas municiones están ocultas por intensa vegetación y son muy sensibles al movimiento, por lo que optan por la quema abierta para poder identificarlas y evitar un accidente.
“Le pedimos los permisos a la Junta de Calidad Ambiental durante diez años, pero eso no se consiguió”, dijo Waddill. “Como el área es muy peligrosa, el Navy decidió usar su autoridad como agencia líder de la limpieza”, añadió alegando que esa autoridad la otorga la ley Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, conocida por sus siglas como CERCLA. Esta crea los llamados “superfondos” federales para restaurar zonas tóxicas que representan un peligro para la salud pública. En la Sección 121 (e) (1), CERCLA establece que no se requiere permiso federal, estatal o local para la remoción o actividad de restauración.
“No hemos completado la victoria si no nos dan los terrenos descontaminados”, dijo Héctor Olivieri, jefe de Emergencias Médicas de Vieques y coordinador de una comisión científica que estudia y hace activismo por la restauración de la Isla. “Aquí hay colonialismo ambiental cuando el gobierno permite que la Marina ponga la pauta de la limpieza, cuando nuestras agencias, que son nuestros representantes no exigen que se hagan los trabajos como es debido”.
El CPI solicitó una entrevista a Tania Vázquez, nueva presidenta de la JCA, pero esta se limitó a enviar unas declaraciones que no abordan la postura de la actual administración ante la quema abierta, y en cierto grado, contradicen la postura vigente expresada en documentos por la JCA. “La Junta de Calidad Ambiental ha solicitado en varias instancias a la Marina de Guerra de los Estados Unidos un plan de trabajo para atender el área. La Marina entiende que el procedimiento que llevan a cabo es el correcto y el que menos impacto tiene. La JCA velará siempre por la vida y bienestar de las comunidades, así como del hábitat de las zonas”.
En 1999, durante unas acaloradas vistas públicas en Washington para atender los reclamos de la ciudadanía en favor de Vieques, el exgobernador Pedro Rosselló pronunció la famosa frase “Don’t push it”, o “no lo fuerces”, dirigida al senador James Inhofe, quien estaba en contra de que el gobierno federal ordenara el cese de las actividades de la Marina y el traspaso de los terrenos de la isla para uso de los puertorriqueños. Ahora, a su hijo, el gobernador Ricardo Rosselló, le toca dirigir el nuevo capítulo de los reclamos ante la Marina para que termine el proceso de limpieza en Vieques.
*Por Eliván Martínez Mercado, desde San Juan, Puerto Rico
