Uno de los integrantes del Consejo Directivo de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), José Salomón, realizó un pedido de recusación para apartar de la causa que tiene a cargo la intervención judicial de la institución al Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral. El dirigente, que junto al resto del Consejo obtuvo hace unos días un fallo que ratificó su vigencia en el cargo, pide que la causa salga de la órbita de Canicoba por entender que éste tiene interés personal en el tema.
“No sólo ha adelantado una inequívoca opinión sobre la cuestión tratada por la Excma. Cámara en el expediente, sino que además detenta una manifiesta y evidente postura contraria respecto de los derechos invocados por esta parte, que inexorablemente debe conducir a su apartamiento en toda causa donde mi situación procesal deba ser discernida por magistrado competente”, sostiene la presentación a la que accedió en exclusiva InfoGremiales.
Para Salomón la situación debe ser encuadrada, entonces, “en lo que se ha dado en llamar ´temor de parcialidad´”, por lo que solicita que se aparte a Canicoba Corral para garantizar “la imparcialidad del juzgador”. Además, el escrito explica que el magistrado obró desconociendo y en forma contraria a lo dictado por la Cámara.
Otro de los argumentos de la presentación, quizás el más escandaloso, señala que el Juez dispuso la designación de su cuñado como interventor de la OSPM, “al margen de todas las normas legales que rigen en la materia”. Se trata del Dr. Sergio Ramiro Tejada, que no presenta antecedentes que justifiquen su tarea de Auxiliar de un Juez.
Tejada, administrador de hecho de una de las cajas más importantes derivadas de la intervención del SOMU, “ha sido propuesto por el mismo organismo que lleva a cabo el control interno y externo de los actos del designado, quien, ante cualquier eventualidad (permítaseme la ironía), es el cuñado del Juez que dispuso la intervención judicial”, sostiene la presentación.
“Se advierte entonces que a lo largo de un año un grupo de personas continúa ejerciendo funciones al frente de una obra social sin sustento jurídico, ni normativo, ni administrativo de ninguna índole, arbitrando medidas sin ningún control legal interno, en perjuicio no sólo de los afiliados de la entidad, y del patrimonio de la misma, sino incluso frente a terceros que a diario celebran contratos vinculados a la prestación del servicio de salud con personas que claramente no se encuentran legitimadas para representar a la Obra Social del Personal Marítimo”, explica la recusación.
El asunto volvió a tomar relevancia en los medios cuando Canicoba descartó acatar un fallo de la Cámara Federal que le ordenaba cesar la intervención de la OSPM y ratificó a su cuñado en el cargo. Eso, junto a la polémica decisión de extender 6 meses la intervención del gremio que generó un reclamo generalizado de todo el arco gremial y el pedido de la CATT al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, dejó al magistrado en el ojo de la tormenta y alentó las versiones de un pacto político judicial, por el cual mientras el juez retiene la Obra Social, mientras un ladero del ministro de Trabajo, Alejandro “Serrucho” Gómez maneja la caja del gremio.
