El instructor del juicio sobre supuesta corrupción en la campaña electoral de 2014 en Brasil subrayó el jueves, en la tercera sesión del proceso, que los documentos y testimonios recopilados prueban la existencia de "abusos económicos y políticos" en la campaña electoral de la pareja que integraron Dilma Rousseff como candidata a presidenta y Michel Temer a vicepresidente.
Por tanto, Benjamin dio a entender que sugerirá al Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación del triunfo que obtuvieron Rousseff y Temer en las urnas hace tres años, lo que tendría como consecuencia directa la destitución del actual gobernante.
Muchos de esos documentos presentados se apoyan en testimonios dados por exdirectivos del grupo Odebrecht que han confesado que financiaron ilegalmente a la campaña conjunta, pero cuatro de los siete miembros del TSE han anunciado que no tendrán en cuenta esa declaración, pues consideran que carece de valor probatorio.
En los testimonios prestados a la justicia, los exdirectivos de Odebrecht dijeron haber entregado al menos 150 millones de reales (hoy 45 millones de dólares) a la campaña y que al menos la tercera parte correspondió al pago de sobornos.
Sin embargo, el problema radica en que esa confesión ocurrió casi dos años después de la instauración del juicio electoral, por lo que para la mayoría de los magistrados su utilización violaría el derecho a la amplia defensa, pues la acusación inicial no citaba a Odebrecht.
Benjamin, sin embargo, insistió en que el papel de ese grupo fue "fundamental" en la cadena de irregularidades que dice haber detectado en la campaña de Rousseff y Temer, y que tenía relación con la trama corrupta de Petrobras, mencionada en la acusación que dio base al proceso.
Debido a que el TSE suspendió los trabajos de la sesión del jueves, el relator del caso no logró concluir su extensa argumentación de su voto, que se espera desfavorable para Temer.
Se prevé que el máximo tribunal, que inició sus audiencias el martes, anuncie un fallo este viernes. La importancia del juicio del TSE se debe a que un dictamen de culpabilidad contra el jefe del Ejecutivo anularía el resultado de la elección de 2014 y lo sacaría del poder, que alcanzó tras la destitución de Rousseff por el Congreso. No obstante, el mandatario podría apelar y mantenerse en el cargo hasta que se llegue a una decisión final, que podría tomar meses.
