El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá disponer la apertura de los archivos que están en manos de la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia (exSIDE), el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas. Los informes que deberán revelarse son los relativos a la causa que investiga la responsabilidad de Etchecolatz en crímenes de lesa humanidad, y la causa que tramita el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, sobre la desaparición forzada de López.
A estos datos podrán acceder quienes actúen como querellantes en las causas citadas; los organismos de Derechos Humanos “públicamente reconocidos” y “toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida”.
Por último, el temario incluye también la discusión de un régimen de resarcimiento económico a las víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre 2001.
