El desafío independentista catalán, que se ha convertido en una de las crisis más prolongadas de la democracia española, entrará en una fase decisiva a partir de las 15H00 GMT con el inicio de un pleno extraordinario del Parlament.
El objetivo de esta sesión es decidir la respuesta a dar a los planes de suspensión del autogobierno que, horas antes del debate, todavía no está clara. Mientras tanto, el Senado español se prepara para autorizar la suspensión del autogobierno de la región.
En el Govern catalán, presidido por el independentista Carles Puigdemont, existen divisiones internas en cuanto a declarar la secesión o convocar elecciones y, en este sentido, las reuniones que se han prolongado hasta la madrugada de este jueves de los partidos y asociaciones independentistas no han dado resultados.
Aun cuando Puigdemont comparezca ante el Parlament por tiempo ilimitado, durante el cual deberá responder a todos los grupos políticos antes de suspender la sesión, las votaciones no se producirían hasta el viernes, cuando podría proclamarse la secesión o la convocatoria de elecciones.
Aparentemente, toda posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona murió el miércoles cuando el presidente de la Generalitat rehusó acudir al Senado español a presentar sus alegaciones y conversar con las autoridades españolas sobre el futuro de Cataluña.
El Ejecutivo español, liderado por Mariano Rajoy, ya no ve otra opción que la de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución respecto a Cataluña, mecanismo nunca utilizado en España desde que esta se adentrara en la democracia.
Con la aplicación de este polémico artículo, Rajoy podrá destituir al Govern catalán y limitar los poderes del Parlament, entre otras medidas, hasta convocar elecciones regionales antes de seis meses.
Ante esta posibilidad, Puigdemont advirtió de que podría declarar la independencia, algo que rechazó hacer el pasado 11 de octubre de forma clara aunque el sí a la independencia de España salió victorioso en el referéndum del 1 de octubre con una participación del 43 %, una consulta calificada de ‘ilegal’ desde el principio por Madrid.
Ahora, la rapidez de las cámaras es de suma importancia para el futuro de Cataluña, es decir, está por verse si será el Senado de España el primero en dar el visto bueno a la suspensión de la autonomía catalana o el Parlament catalán en declarar la independencia. En caso de que se produjera esto último, Cataluña quedaría aislada no solo dentro del territorio español, sino también en la esfera mundial.
A cambio, Madrid cuenta con el apoyo necesario para promover su estrategia de mano dura —del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la formación política Ciudadanos—, y en el plano internacional, de sus socios de la Unión Europea (UE).
Cataluña, que es responsable del 19 % del Producto Interno Bruto (PIB) español, ha visto cómo cerca de 1500 empresas han desplazado su sede social fuera de la región por temor a la crisis catalana. Mencionar que Puigdemont no pronosticó que estos desafíos se fueran a producir a esta escala.
Existe también otro riesgo: en el caso de que Cataluña declare la independencia unilateralmente, Puigdemont y su gobierno pueden ser acusados de rebelión, un delito que puede recibir una condena de hasta 30 años de cárcel, aunque Madrid deberá hacer frente a los partidarios de la independencia, que obviamente no se quedarán de brazos cruzados.
La principal organización civil independentista, Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), ha convocado una gran concentración ante el Parlament para el viernes, mientras que los antiindependentistas quieren, por su parte, manifestarse el domingo en las calles de Barcelona.
