Organizaciones agrarias, afros, indígenas y populares han decidido salir desde este lunes a las calles y carreteras en todo el país, para exigirle al Gobierno que cumpla con los planes y programas de desarrollo que se prometieron implementar para hacer de la paz una realidad en los territorios más afectados por la violencia y el abandono estatal. Estos planes son fruto del Acuerdo de Paz entre éste y las FARC-EP.
Debido a los recientes hechos de violencia, a partir de las erradicaciones forzadas en Nariño, Guaviare, Norte de Santander, Córdoba, Putumayo, Arauca, Meta, Cauca y Antioquia, organizaciones llaman al diálogo concertado para reactivar las Mesas de Interlocución y Acuerdo-MIA, dispuestas para la negociación desde el gran paro nacional agrario del año 2013 y para discutir el pliego de peticiones con el Gobierno Nacional.
Ante el hecho, las organizaciones se centran en tres elementos puntuales para instalar las MIA locales y departamentales:
1. Implementación normativa y territorial del acuerdo de paz firmado en La Habana.
2. Cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con el ejecutivo a nivel local y Nacional.
3. Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y las condiciones para desempeñar su labor en defensa de los derechos humanos, territorio y sus comunidades.
Adicionalmente, las organizaciones sociales como Marcha Patriótica, Anzorc, Fensuagro, Coccam y Ascamcat manifestaron su desacuerdo con el trato dado a la situación en el sur del país, especialmente en Nariño. Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, manifestó que el Gobierno debe proporcionar garantías para el derecho constitucional de la protesta, así como el respeto a las comunidades campesinas que han sido señaladas de estar al servicio de grupos armados.
Se espera que el Estado brinde protección a las comunidades campesinas, afros e indígenas del departamento de Nariño, quienes padecen de una compleja problemática por cuenta de confrontación armada de grupos ilegales y la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito.
La jornada también elevará su voz de protesta contra el incremento de asesinatos de líderes sociales que, según David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, este año alcanzan una cifra de 120 personas. Mientras el Gobierno Nacional persiste en presentar estas acciones como hechos aislados que responden a planes sistemáticos.
Sectores sociales se han pronunciado diciendo que hay en marcha un genocidio contra el movimiento social y la izquierda, que el Estado no ha querido reconocer. Organizaciones sociales temen que pueda presentarse otro genocidio como el que ocurrió contra la Unión Patriótica, partido político fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP en la década de los ochenta.
