El fiscal Di Lello dictaminó hoy que debe desestimarse la denuncia del coordinador nacional de la agrupación Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini contra el Presidente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el gobernador de Jujuy por supuesta instigación al suicidio, y la presidenta de la Cámara jujeña, Gloria Portal de Albisetti interpretó que la cautelar de la CIDH solicitó que se ponga en libertad a Sala o bien se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, pero que eso no obliga al Estado argentino.
Mientras tanto, la encarcelada líder social permanecía en la clínica "Los lapachos" en la capital de Jujuy, donde se le realizan diversos estudios médicos ante la evidencia de que su salud física y psíquica se encuentra en un estado precario.
Vamos por partes. Al dictaminar que la denuncia contra el Presidente, el ministro y el gobernador debe desestimarse, Di Lello concluyó que "Las circunstancias expuestas no resultan suficientes para sustentar el impulso de la acción penal". Ahora la decisión está en manos del juez Claudio Bonadio.
Según el fiscal, la denuncia presentada por Garfagnini, carece de "elementos suficientes" que permita "poner a la luz, aún con la provisoriedad que la medida requiere, la existencia de los actos de dirección y quebrantamiento de la voluntad", de Sala.
Di Lello dictaminó que "mediante una definición elíptica" sobre la responsabilidad de los funcionarios "se intenta poner en cabeza de ellos un comportamiento que a esta altura de los hechos requiere una disposición voluntaria directa que, con las constancias denunciadas, sólo aparece en un relato potencial".
En su denuncia, Garfagnini aludió a lo ocurrido el 19 de octubre pasado, cuando Milagro Sala "decidió auto inflingirse lesiones para intentar quitarse la vida" en la cárcel y también en marzo pasado, cuando algo similar ocurrió al ser notificada de nuevas denuncias en su contra.
La denuncia abarcó también a otra militante de Tupac Amaru, Mirta Guerrero, quien se autoinflingió heridas tras ser notificada de una sentencia en su contra.
"Es de público y notorio que los procesos por los que atraviesan tanto Milagro Sala como Mirta Guerrero" son jurisdicción penal de la provincia de Jujuy.
Por ello, Di Lello remarcó que a su criterio ese es el ámbito "donde debe discutirse cualquier suceso que involucre los destinos y la seguridad de las nombradas en los ámbitos de privación de libertad".
En Jujuy
Por su parte la cámara jujeña rechazó un recurso de apelación interpuesto por los defensores de Sala, confirmando el rechazo de un habeas corpus presentado para que cese el alojamiento de la dirigente en el Servicio Penitenciario provincial, y se de cumplimiento a la cautelar interpuesta por la CIDH.
La decisión “confirmó en un todo la resolución dictada por el Juez de Control Nº 4, Isidoro Cruz, de fecha 19 de octubre de 2017, en la cual, este último no hizo lugar al habeas corpus correctivo presentado por la defensa técnica de Sala”, informó esta tarde el Poder Judicial de la provincia.
La resolución de la Cámara “además impuso a los doctores Paula Álvarez Carreras, Luís Paz y Néstor Ariel Ruarte un severo llamado de atención por las expresiones utilizadas, por resultar, algunas de ellas, demostrativas de un lenguaje peyorativo” y de esencia "despectiva".
Tales expresiones fueron dirigidas “hacia las personas de los magistrados Isidoro Cruz y Pablo Pullen LLermanos", y "en modo alguno puede permitirse su reiteración en cualquier estrado", advirtieron los camaristas Gloria Portal de Albisetti, Emilio Cattan y Néstor Paoloni.
En su apelación, dichos abogados pidieron que se revierta la decisión del Juez de Control por existir “una amenaza ilegal, ilegítima y arbitraria para la vida y la integridad psicofísica" de su defendida y solicitaron “restablecer de inmediato” las condiciones en las que Sala se encontraba detenida en el inmueble del Dique La Ciénaga.
Portal de Albisetti respondió que “no advierte que la misma fuere arbitraria o que vulnere derechos fundamentales de la imputada Sala”.
Sostuvo además que de las causas en las que intervino que tienen a Milagro Sala como imputada–procesada, pudo constatar "que se cumplieron con todas las garantías constitucionales y la normativa tanto de fondo como de forma, en consecuencia, el trámite fue legal, legítimo y ajustado a derecho”.
En torno al argumento de la CIDH, - respecto de que la permanencia de Sala en el establecimiento Penitenciario Nº 3 suponía un riesgo patente para su integridad psicofísica e, incluso, para su vida - la magistrada afirmó que el organismo “ha solicitado y no ordenado al Estado Argentino adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Milagro Sala”.
Enfatizó que “las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen en la Argentina rango supralegal y complementario de la Constitución Nacional, pero no son supraconstitucionales: han de ser aplicadas de modo subordinado a las disposiciones constitucionales”.
El traslado de Sala nuevamente al penal de Alto Comedero ocurrió el último sábado 14, cuando el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos decidió revocarle el cumplimiento de la prisión preventiva en su domicilio de El Carmen por "incumplir" las condiciones impuestas para ello.
Dicho incumplimiento se vinculó justamente a que la dirigente se negó a ser trasladada a un hospital de la capital provincial para hacerse "estudios”, aduciendo que ya había solicitado su realización en la clínica privada.
Mientras, hoy Milagro Sala siguió siendo objeto de estudios médicos en la clínica "Los Lapachos" y se preveía que esta noche fuera devuelta al Servicio Penitenciario nº 3, más conocido como Penal de Alto Comedero.
El marido de Sala, el periodista Raul Noro, confirmó a Télam que ello depende "de que efectivamente se finalice con los estudios programados”.
Noro señaló que si bien aún no tienen los informes médicos de los estudios ya realizados, la dirigente “no está bien, sobre todo anímicamente”.
Sala está detenida desde enero de 2016 por causas en las que se la acusa de asociación ilícita, fraude y extorsión, entre otros delitos.
