En sintonía, Abuelas de Plaza de Mayo planteó objeciones a la iniciativa impulsada por el gobierno nacional y remarcó que el nuevo texto implica el "abandono de políticas comprometidas con el juzgamiento y el castigo a los responsables del terrorismo de Estado".
"La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del próximo Procurador", alertó en un comunicado el CELS, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En el texto esas organizaciones remarcaron que la iniciativa, que mañana empezará a ser debatida en comisión en el Senado, "quiebra el alto nivel de acuerdo político necesario para lograr la designación del procurador y del Defensor General de la Nación".
Es que mientras la ley vigente exige dos tercios de los votos del Senado para aprobar la designación del jefe de los fiscales y del de los defensores públicos, la nueva norma habilita que sea sólo con mayoría absoluta.
"El requisito de una mayoría agravada tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica, moral e independencia", argumentaron.
Además, las organizaciones reseñaron que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece que "la designación del máximo responsable de este organismo extrapoder, independiente y central del sistema de justicia, exige una legitimidad amplia y mayor a la mera mayoría parlamentaria".
"La crítica más importante a la gestión anterior fue la falta de independencia, sin embargo (ahora) se pretende reformar la ley de modo de debilitar el acuerdo político transversal que estas figuras requieren para su designación y posterior estabilidad en el ejercicio de su función", remarcó el CELS.
"El proyecto elimina la exigencia de remoción a través del juicio político y la reemplaza por un mecanismo endeble, al habilitar que ese proceso se realice sólo con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Nación", cuestionaron.
Entre otras críticas, también apuntaron contra la "duración exigua" de los mandatos, que en el proyecto están establecidos en cinco años, y contra la disolución de las procuradurías y direcciones especializadas en la persecución de delitos de criminalidad organizada.
Del mismo modo, Abuelas de Plaza de Mayo presentó hoy un escrito ante el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, Pedro Guastavino, con objeciones a la iniciativa impulsada por el gobierno nacional.
