“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) pide al Gobierno de Myanmar (Birmania) que garantice que no haya un mayor uso excesivo de la fuerza militar en el estado de Rajine, restaure la administración civil, aplique el estado de derecho y dé pasos inmediatos acordes con sus obligaciones y compromisos de respeto a los derechos humanos”, precisa la declaración adoptada este lunes por el ente internacional.
Igualmente, reclama el fin de los disturbios, pleno acceso de los cooperantes internacionales a Rajine (oeste) y el regreso de cientos de miles de musulmanes rohinyas que han huido a Bangladés.
La declaración, propuesta por las representaciones británica y francesa, denuncia también el rápido deterioro de la situación humanitaria y alerta de que el creciente número de desplazados “tiene un impacto desestabilizador en la región”. Por tanto, pide a Myanmar que autorice el acceso seguro de ayuda humanitaria.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) pide al Gobierno de Myanmar (Birmania) que garantice que no haya un mayor uso excesivo de la fuerza militar en el estado de Rajine (oeste), restaure la administración civil, aplique el estado de derecho y dé pasos inmediatos acordes con sus obligaciones y compromisos de respeto a los derechos humanos”, precisa la declaración presidencial del CSNU.
Al respecto, el representante bangladesí en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Masud Bin Momen, ha agradecido al CSNU por el documento. El hecho de que el Consejo se dedique al “prolongado sufrimiento, inseguridad e incertidumbre” en Myanmar, “tranquilizará a los rohingyas y otras comunidades desplazadas por la fuerza del estado de Rajine desde el 25 de agosto”, ha sostenido.
Al respecto, ha expresado su esperanza de que el CSNU adopte medidas oportunas y decisivas para lograr una “solución pacífica, justa y duradera” a la crisis humanitaria en el país asiático.
Cerca de 900.000 musulmanes rohingyas viven en condiciones deplorables en campos de refugiados en el sur de Bangladés. De esta cifra, 600.000 han llegado a suelo bangladesí desde agosto, huyendo de los ataques a sus aldeas; agresiones que la ONU cataloga de una “limpieza étnica”.
