En una nueva ilegalidad y sin ningún tipo de justificación, el juez penal residual, Pablo Pullen Llermanos impuso una nueva restricción a los familiares de Milagro Sala para ingresar a su domicilio: brindar el número del IMEI de sus teléfonos a la Gendarmería Nacional y de esta manera, habilita y ordena a la fuerza de seguridad nacional a realizar tareas de inteligencia.
Este nuevo avasallamiento sobre el derecho a la privacidad ya fue notificado al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a Amnistía Internacional para que brinden la información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuya medida provisional en favor de la dirigente social aún hoy continúa siendo incumplida, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó en diciembre del año pasado darle cumplimiento cabal y urgente.
La nueva medida fue apelada por la defensa de Milagro Sala.
A través de una resolución notificada a la defensa de Milagro Sala el pasado viernes, el juez Pullen Llermanos dispuso que además de la restricción en relación a los días de visitas y cantidad de personas que pueden ingresar al domicilio, “en el caso de los familiares, se dejará constancia del ingreso de aparatos electrónicos, con indicación del número y empresa prestataria del servicio en el caso de los teléfonos celulares y/o tabletas que posean telefonía, lo cual deberá ser verificado por el personal de Gendarmería, previo a posibilitar el ingreso”.
El IMEI que Pullen Llermanos ordena registrar es un número que ha sido caracterizado como una suerte de pasaporte de cada celular.
La sigla responde a su nombre en inglés: International Mobile Equipment Identitiy.
El IMEI es de suma importancia ya que posibilita una amplia identificación del teléfono celular en cuestión.
Cada vez que un dispositivo móvil se conecta a la red, envía su IMEI a la operadora y ésta entra en conocimiento de que el teléfono está conectado y del lugar desde el que se conecta. Además, con el número de IMEI se puede solicitar a la operadora correspondiente que bloqueé un dispositivo.
Para justificar esta decisión que desde el punto de vista legal no tiene argumento alguno, el juez señaló que “el personal que realiza las tareas de vigilancia y custodia en el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva recaída en contra de Milagro Sala, informó al suscripto que existen inconvenientes con la identificación de los aparatos telefónicos que ingresan a dicho domicilio”.
Sin embargo, en el escrito no se detallan los casos concretos en los cuales los familiares se habrían negado a brindar los datos exigidos, presupuesto probatorio mínimo para dictar una resolución de ese tenor.
Pero además, si efectivamente alguna persona se hubiera abstenido de brindar sus números telefónicos al personal de seguridad habría actuado en el pleno ejercicio de sus derechos a la intimidad y a la privacidad.
En primer lugar, es necesario recordar que la ley de Ejecución Penal, 24.660/96, en su artículo 33 prohibe explicitamente en caso de prisiones domiciliarias q la persona quede “a cargo de organismos policiales o de seguridad”.
Pero además, para tomar posesión del número de IMEI, señalaron los defensores de Milagro Sala, el Estado debe contar con una justificación excepcional, lo que dista de suceder en este caso.
De confirmarse lo resuelto por Pullen Llermanos, todos los familiares de Milagro verían vapuleada su intimidad, ya que deberían poner en manos del Estado la posibilidad de conocer, constantemente, su ubicación y el uso de su teléfono celular.
Y, como si esto fuera poco, en el caso de Raúl Noro, el marido de Milagro, se le estarán exigiendo datos al ingresar a su propio domicilio, lo que es contrario a las bases mismas de un Estado Constitucional de Derecho propio de una democracia liberal, como la de la República Argentina.
La medida no solo implicaría una nueva violación a la autonomía personal de Noro sino que sería contraria al desarrollo de la familia, institución especialmente promovida por la Constitución Nacional en el inciso 19 de su artículo 75”, aseguraron los abogados.
El 27 de noviembre, la Corte IDH emitió una medida provisional a favor de Milagro Sala en la que ordenó al Estado nacional que, de manera inmediata, sustituya la prisión preventiva de la diputada del Parlasur por la medida alternativa de arresto domiciliario “en su residencia o lugar donde habitualmente vive o por cualquier otra medida que sea menos restrictiva en sus derechos que el arresto domiciliario”.
La medida fue adoptada tras la solicitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó ante el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por el organismo el 27 de julio de 2016 y tras analizar tanto la información proporcionada por la CIDH, como la presentada por el Estado nacional y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes, peticionantes de la medida cautelar. En diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó cumplir de forma cabal y urgente lo dispuesto por la Corte IDH.
Sin embargo el Poder Judicial jujeño decidió, une vez mas, mantenerse en la ilegalidad y mantener a la dirigente en una prisión sui generis, creada para continuar hostigándola.
